El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista catalán se produjeran "delitos contra la forma de Gobierno", en los que se enmarcarían también la sedición o rebelión.

La Fiscalía solicita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que le informen de todos los delitos que se puedan cometer si el Tribunal Constitucional invalidara y dejara sin efecto la resolución independentista aprobada el pasado lunes por el Parlament.

En una instrucción librada el pasado jueves, el fiscal Javier Zaragoza afirma que la Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, por lo que quedarían fuera los diputados autonómicos. Sin embargo, sí podría investigar la actuación de "autoridades, funcionarios o particulares" que participen en estas acciones

La Audiencia podría actuar cuando se ejecuten "actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña".

Así, manda a las distintas fuerzas de seguridad del Estado y a los Mossos que si conocen de algún hecho delictivo elaboren un informe o atestado con los datos de "ejecución, autoría, participación, circunstancias concurrentes" y lo remitan a los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional.

Según Zaragoza, los actos que persigan ese fin violan la Constitución porque "se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado" y las fuerzas de seguridad deberán actuar desde el momento en que el Tribunal Constitucional invalide la resolución independentista aprobada ayer en el Parlament catalán, ya que solo entonces quedaría certificada su ilegalidad.

Este delito de sedición -penado con entre 10 y 15 años de prisión- podría conllevar también, avisa el fiscal jefe, los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y el uso indebido de fondos públicos, que serían competencia de la Audiencia Nacional como delitos conexos.

Además, Zaragoza recuerda que en el caso del delito de sedición se sanciona asimismo "la conspiración, la proposición y la provocación" para cometerlo, y añade que no es necesario que se emplee "fuerza o violencia" para incurrir en él, sino solo el hecho de "impedir la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones".

El fiscal jefe menciona en el escrito, de once páginas, otros delitos contra las instituciones del Estado -competencia de la Audiencia Nacional- que "presumiblemente pueden ser cometidos en el curso de este ilegal proceso independentista", como invadir con fuerza la Asamblea Legislativa, alterar su funcionamiento e impedir a sus miembros acudir a sus sesiones.

Similares casos ocurrirían si se injuria, se amenaza o se invade de forma violencia instituciones como el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Tribunal Constitucional, el Supremo o el CGPJ, o a las propias fuerzas de seguridad del Estado.

Así, el fiscal jefe ordena a las distintas fuerzas de seguridad del Estado y a los Mossos que si conocen de algún hecho delictivo elaboren un informe o atestado con los datos de "ejecución, autoría, participación, circunstancias concurrentes" y lo remitan a los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional.