La asociación conservacionista Ecologistas en Acción ha asegurado que acudirá a la Comisión Europea (CE) para plantear sus temores sobre una posible contaminación del corredor del Guadiamar y el espacio natural de Doñana como resultado de la proyectada reapertura del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla), después del archivo de la causa abierta sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento al no apreciarse prevaricación.

El coordinador de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha precisado al respecto a Europa Press que aunque la empresa Emerita, promotora de la acción judicial por la vía penal, va a recurrir la resolución judicial y acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, la formación 'verde', en principio, no hará lo propio, a pesar de que inició el procedimiento para personarse en la causa.

"Nos es exactamente igual de malo que la mina la abran los mexicanos o Emerita: con ese proyecto la mina no se debe abrir, porque va a contaminar otra vez", ha resumido Ramos, para quien, ya con respecto al archivo judicial, la jueza "se ha estado quitando el muerto de encima, sin entrar en problemas técnicos".

Y es que, para Ecologistas, las cuestiones técnicas de un "mal" proyecto son "fundamentales". Al respecto, Ramos establece que un yacimiento con 80 millones de toneladas con un sulfuro complejo "no es explotable para una empresa como Mexico-Minorbis desde el punto de vista de la rentabilidad".

También ha criticado que la Junta de Andalucía "siga engañando, al primero al alcalde de Aznalcóllar, y juegue con el hambre de un pueblo ante las elecciones de diciembre", puesto que se tardará "años" en que la gente empiece a trabajar en el complejo, dado que, entre otros trámites, hay que presentar solicitudes, hacer sondeos —"con 200 personas, como dicen que van a contratar, se puede sondear Andalucía entera", ha ironizado—, proyectar el destino de los residuos, someterse a la Autorización Ambiental Unificada o reclamar permiso de vertido de aguas al cauce público.

Es, para el coordinador de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción, una actuación "auténticamente vergonzosa" de una administración a la que además, recuerda, el juzgado insta en su resolución a tener unos criterios de racionalidad en las adjudicaciones "que aquí no se han tenido".