La empresa Emerita Resources España ha anunciado que presentará recurso en apelación contra la decisión de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla de archivar la causa abierta sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar.

Asimismo, fuentes de dicha empresa han indicado a Europa Press que continuarán con la demanda contencioso administrativa.

En la causa que ahora se archiva estaban imputadas siete personas, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto. Dicho archivo se produce al entender que "el procedimiento observado ha sido el correcto" y que no se puede apreciar que se haya cometido un delito de prevaricación.

En un auto fechado el 6 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones iniciadas el 2 de marzo de 2015 y precisa que "deberá ser la jurisdicción contencioso-administrativa la que resuelva los aspectos que son objeto de impugnación por las acusaciones".

"No puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas", dice la juez.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ya decidió el pasado viernes dar por resuelto el procedimiento de paralización cautelar de los efectos de la aceptación por Minera Los Frailes de la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar e iniciar los trámites pertinentes para la autorización de los trabajos de investigación recogidos en su oferta y a la cesión de la posesión de los terrenos e instalaciones vinculados a dicha 'Zona Aznalcóllar'.

En el auto, que es recurrible, la instructora recuerda que las actuaciones se iniciaron mediante auto dictado el 2 de marzo de 2015 tras la denuncia presentada por Emerita Resources España por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, una denuncia inicial que fue ampliada en dos ocasiones.

Seguidamente, la magistrada recuerda que, por medio de sendas resoluciones dictadas los días 7 de mayo y 31 de julio, acordó ceñir la investigación "a la posible existencia de un presunto delito de prevaricación vinculado o relacionado con determinados aspectos de las decisiones adoptadas a la hora de convocar el concurso para la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar".

La juez, al hilo, considera que "el procedimiento observado ha sido el correcto teniendo en cuenta además que con carácter previo había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía" en el concurso para la adjudicación de la explotación de la mina, y añade que "la cuestión debe centrarse" en si la resolución de 25 de febrero de 2015 por la que se adjudicó el mismo a Minorbis-Grupo México fue o no "arbitraria".

Y es que, a su juicio, "es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito, a pesar de que se trate de supuestos graves de infracciones del derecho aplicable", aseverando en este sentido que "no puede identificarse simplemente nulidad de pleno derecho y prevaricación".