La comisión de investigación sobre el presunto fraude de los fondos de formación del Parlamento se volverá a reunir este martes para analizar la documentación remitida por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Como se recordará, la comisión acordó en su primera reunión, celebrada el 20 de octubre, solicitar al Gobierno andaluz que remitiera los expedientes de resolución final de reintegro, así como la información de la Consejería de Empleo relacionada con el caso de los cursos de formación presuntamente fraudulentos. Para ello se le daría un plazo de diez días, que ya se ha cumplido.

El pasado martes, la comisión celebró una segunda reunión en la que acordó solicitar toda la documentación que han planteado los cinco grupos parlamentarios para desarrollar los trabajos.

En este caso, también se ha dado un plazo de diez días hábiles al Gobierno para que remita toda la información a la comisión de investigación.

Contenido de la documentación

Como se recordará, el PSOE-A ha planteado que la comisión pueda tener conocimiento de "información contenida en las causas que se están siguiendo en los distintos órganos jurisdiccionales de la comunidad". También considera fundamental el conocimiento de toda la legislación de todos los ámbitos que han operado en esta materia, la estatal, la europea y la autonómica.

También ha planteado conocer "todos los expedientes que ha procesado o activado la comunidad" durante el periodo de tiempo que abarcará la comisión de investigación, y las decisiones que se hayan tomado en la materia por los órganos correspondientes.

Por su parte, el PP-A, entre otras cuestiones, ha solicitado un listado de todas las subvenciones en materia de formación concedidas desde 2002, especificando el nombre del beneficiario, órgano concedente, cuantía y tipo de subvención, partida presupuestaria, pagos y fechas realizados, total abonado y cantidades definitivamente justificadas, incluyendo la relación de subvenciones excepcionales otorgadas en el citado periodo.

También demandó todos los informes realizados por la Intervención General de la Junta; una copia de los reparos de Intervención de todos los Consorcios Escuelas de formación; una copia del escrito remitido por el Gobierno de la Comunidad autónoma de Andalucía al Tribunal de Cuentas por posible menoscabo de fondos públicos; y un listado que contenga el importe de fondos en materia de formación para el empleo consignados en los Presupuestos de los ejercicios 2002 a 2015 hasta la fecha.

Podemos incluyó, entre sus peticiones de documentación, una copia de todos los expedientes de reintegro que se encuentren en tramitación, cualquiera que sea su estado administrativo y sucinta explicación del motivo de su no finalización. También reclama el número de expedientes que se originaron cada año, "que necesariamente han de coincidir con el número de subvenciones concedidas", y su distribución por provincias, así como los expedientes que se han revisado en cada provincia cada año.

Además, reclamó conocer, en un periodo que contempla del 1 de enero de 2002 hasta la actualidad, el número de trabajadores, interinos, funcionarios o personal laboral de cualquier tipología, dedicado exclusivamente o parcialmente a la revisión y comprobación de la justificación por parte de los perceptores de fondos públicos para la formación y el empleo existentes en cada provincia y en cada anualidad; especificando la cualificación de cada empleado, funcionario o trabajador.

En cuanto a la documentación que solicitó Ciudadanos, se encuentra una relación detallada de los expedientes de reintegro, entre ellos los que hubieran prescrito. También reclama todos los expedientes de petición y concesión de subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo que se hayan tramitado desde 2002.

De cada expediente tramitado de concesión, C's pidió los documentos justificativos para el recibo de la misma, que hayan sido acreditados por cada beneficiario de la subvención recibida en materia de formación profesional para el empleo. También solicita una relación detallada de los expedientes de exoneración, los expedientes sancionadores y los expedientes de responsabilidad patrimonial incoados a cargos públicos o funcionarios.

El grupo parlamentario de IULV-CA, entre sus peticiones de documentación, incluyó el listado de perceptores de subvenciones para las que se ha emitido una resolución individual de exoneración, independiente de las resoluciones globales emitidas, indicando las cantidades y la justificación de la exoneración, así como información detallada sobre el cierre de Delphi y los compromisos de la Junta con los trabajadores.

También pidió copia de los documentos obrantes en las actuaciones judiciales incoadas como consecuencia de las materias objeto de investigación por esta comisión, de carácter material y naturaleza probatoria, tales como atestados policiales, informes periciales, documentos aportados por las partes o testimonios de declaraciones de imputados y testigos, "obviando los documentos de impulso procesal".

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