El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley de IULV-CA en la que insta a la Junta a realizar una auditoría, que deberá estar terminada antes de diciembre de 2016, de todos los contratos de concesión de obra pública por modelo de financiación público-privada que existan en la actualidad y que incluya, al menos, los costes procedentes de expedientes de modificación del proyecto de construcción, los importes procedentes de facturas emitidas por la adjudicataria al margen de la concesión, los importes procedentes de la contratación con terceros y la desviación de financiación prevista.

Ese punto ha contado con la unanimidad de la Cámara, que también ha demandado que dicha auditoría se haga pública en el Portal de la Transparencia de Andalucía. El Parlamento ha pedido, en este caso con la oposición del PSOE-A, que la Junta realice, de oficio y como documentación complementaria de la auditoría, un estudio que evalúe otros modelos de financiación alternativos a los que finalmente resultaron elegidos, y que revise y evalúe todos los contratos de colaboración público-privada "a fin de valorar las posibilidades de renegociación de los contratos existentes para reducir las obligaciones financieras".

También se pide, lo que ha contado también con la oposición del PSOE-A, que la Junta no establezca nuevos contratos de colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras ni equipamientos si la decisión no va acompañada de una memoria justificativa, que, tras evaluar modelos alternativos de financiación público-privada y una agenda clara de planificación, diseño, control y evaluación de la gestión de la colaboración público-privada, demuestre que el contrato en cuestión mediante este sistema es el más ventajoso para la Junta desde el punto de vista económico.

El Parlamento también ha reclamado que se incorpore de forma explícita en la documentación que acompaña a los presupuestos de la Junta información suficiente sobre las operaciones y los compromisos que se contraen a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato de colaboración público-privada.

Otras demandas consisten en que los proyectos de ejecución definitiva de cualquier infraestructura a realizar mediante documentación público-privada sean realizados por la administración pública y no puedan ser incluidos en el paquete de adjudicación a las concesionarias, y que se ponga en marcha un plan de apoyo y fomento de la acción cooperativa y de la economía social vinculado a la construcción de obra pública, priorizando la economía social en los procesos de licitación mediante el establecimiento de cláusulas sociales.

En defensa de la iniciativa, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha indicado que la colaboración público-privada "no cumple con los plazos y presupuestos de construcción mejor que los sistemas tradicionales de contratación", sino que por el contrario este modelo de financiación se adopta, "a pesar de que se asumen compromisos de gasto para futuros ejercicios, que limitan la financiación de nuevos proyectos y produce un encarecimiento relativo que puede alcanzar, en algunos casos, hasta un 60% de desviación".

Ha añadido que una característica de este "perverso" método de financiación es "el alto grado de indeterminación jurídica y conceptual en los contratos, que ha derivado en incertidumbre y opacidad respecto de la propia naturaleza de este fenómeno, así como sobre sus mecanismos de implantación, lo que dificulta cualquier reflexión responsable tanto sobre sus limitaciones como sobre los riesgos contables y presupuestarios que implica".

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz ha manifestado que la colaboración público privada es un instrumento complejo y su bondad, eficacia y eficiencia social dependerá de su uso, de si es pertinente, útil o eficiente. Ha indicado que por recurrir a esta práctica no se puede hablar de privatización de un servicio públcio, sino que hay que hablar de "generar sinergia entre el sector público y el privado". Asimismo, ha señalado que el problema del sobrecoste "no está asociado directamente al modelo de contratación, sino que depende de la características de la naturaleza de las obras y del desarrollo de las mismas".

El diputado del PP-A Félix Romero ha indicado que no debe apostarse por la colaboración público-privada a "cualquier precio" porque el límite debe ser siempre el interés público y la buena gestión. Ha señalado que hay que analizar en primer lugar si esa alternativa es más eficiente y de menor coste y efectividad. "Es una opción que debe emplearse cuando coexiste la necesidad con la ausencia de recursos públicos, pero con cabeza y con respeto a la ley", según ha señalado, apuntando que la Cámara de Cuentas ha censurado la "interpretación" que la Junta ha hecho de esta práctica, lo que va a suponer un coste de 2.500 millones a los andaluces.

El parlamentario de Podemos David Jesús Moscoso ha manifestado que no debe recurrirse a esta práctica de manera "irracional e insostenible" y que las obras públicas acaben generando situaciones de déficit. Ha abogado por mejorar la transparencia en la contratación de la obra pública, para evitar el riesgo del "favoritismo y la arbitrariedad" por parte de la entidad adjudicataria.

El diputado de Ciudadanos Sergio Romero ha manifestado que aunque su partido no va a salir en defensa de la colaboración

público-privada, entiende que durante muchos años sí ha sido una práctica necesaria en varios campos y actividades y es "legal". En su opinión, hay que reconocer que, a priori, se basa en criterios respetables y responde a un modelo de diseñar y ejecutar determinadas políticas públicas sobre la base de la colaboración entre las administraciones y el sector privado.