El macrojuicio por el fraude del gasóleo continuará en la Audiencia Provincial de Pontevedra contra cuatro procesados, tras acuerdos y retirarse los cargos contra otros acusados, que inicialmente sumaban 23 encausados.

Este jueves ha arrancado en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra el macrojuicio por la venta fraudulenta de gasóleo, que supuestamente superó los 30 millones de euros, y del que están acusados empresarios, agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil.

El fiscal jefe de la Audiencia provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha retirado la acusación contra cinco de los procesados, además, otro ya ha fallecido, y uno se encuentra declarado en rebeldía.

En cuanto al resto, el lunes se retomará la vista oral contra cuatro de los acusados, dos de ellos agentes de Vigilancia Aduanera. Uno era el jefe provincial del servicio en A Coruña, José C.G., y otro, José Ángel C.C., era el encargado de controlar a las empresas de la trama: Carburantes Acibro S.L. y Depósitos de Galicia S.L. (Depogal).

Acuerdos de conformidad

Con ellos no se alcanzó un acuerdo de conformidad, como sí ha sucedido con otros doce acusados, para los que el fiscal modificó su petición de penas.

En todos los casos el fiscal admite la existencia de una atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas, ya que el fraude que se juzga se habría cometido supuestamente entre los años 1998 y 2000, por lo que existen algunos delitos que ya han prescrito.

DEFENSA

Los abogados de los cuatro acusados con los que no ha habido acuerdo solicitaron al tribunal la nulidad de las escuchas telefónicas que sostienen la acusación. Además, los letrados sostienen que se ha vulnerado el derecho a una legítima defensa de sus clientes, así como la tutela judicial efectiva o, incluso, su derecho a la intimidad.

Respecto al acuerdo alcanzado por el representante del Ministerio Público con doce de los acusados, Juan Carlos Aladro precisó que para Manuel Prado López y Ángel Rafael Piñeiro Bermúdez, por dos delitos contra la Hacienda Pública pide siete meses y 16 días de prisión por cada delito, así como el pago de la cantidad defraudada (1,4 millones de euros en el año 1999 y 253.000 euros en el 2000).

Además por el delito de falsedad en documento mercantil solicita para cada uno la condena de cinco meses y ocho días de prisión y una multa de dos meses a razón de una cuota diaria de 6 euros.

Para Pastor Alicio Antonio Pérez Arribas, como autor de un delito contra la Hacienda Pública pide la Fiscalía una pena de tres meses de prisión. Y por un delito continuado de falsedad en documento público pide cinco meses y 8 días de prisión.

Para Carlos Bautista Parejo, Severino Lacueva Fernández, Manuel Cándido Vijande Méndez, Antonio Fuentes Redondo y Vicente Buenaventura Bueno López, demanda cinco meses y ocho días de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y una multa de seis meses con cuota de 6 euros al día.

Para cuatro agentes de la Guardia Civil solicita seis meses de multa con una cuota diaria de 6 euros más la inhabilitación especial para el empleo de funcionario público durante un año.

El representante del Ministerio Público ha aceptado una rebaja en su petición de penas a cambio de que los acusados reconozcan su participación en una red que desvió gasóleo B, del denominado régimen fiscal suspensivo, procedente del depósito fiscal de Forestal del Atlántico, en Mugardos (A Coruña), a diversas sociedades radicadas en Portugal para comercializarlo después en Galicia como gasóleo A, exento de impuestos especiales y del IVA.