La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha detenido en los últimos días a 17 personas por delitos sobre la ordenación del territorio, por la construcción ilegal de viviendas en la Cañada de Villarana y en la Cañada del Verdugo, ambas vías pecuarias localizadas en El Puerto de Santa María.

La investigación ha sido encomendada a la Policía por el Juzgado de Instrucción 3 de El Puerto de Santa María y continúa abierta, por lo que no se descarta la detención de más personas en los próximos días, informó la Junta de Andalucía en un comunicado.

La investigación continúa abierta por lo que no se descarta la detención de más personas en los próximos días
En ambas vías pecuarias se ha procedido a la construcción indiscriminada de edificaciones que
no han respetado el recorrido de las mismas apareciendo casas que invaden las cañadas en todo o en parte de su anchura.

Este tipo de vías tiene una protección especial por su naturaleza como dominio público de las comunidades autónomas y, por ello la Ley 3/95 de Vías Pecuarias las considera inalienables, imprescriptibles e inembargables.

En la zona que corresponde a la Cañada de Villarana, que tiene un proyecto parcial de deslinde efectuado en 1998, han sido detenidas nueve personas por invadir el trazado de la cañada y quedaron en libertad con cargos tras ser oídos en declaración.

En el caso de la Cañada del Verdugo, esta no está aún deslindada (actuación necesaria para conocer exactamente sus límites), aunque en 1931 se inició un procedimiento de deslinde que incluyó un levantamiento topográfico de la cañada, lo que servirá de fondo documental para la práctica del deslinde, su materialización física y clasificación.

En esta zona han sido detenidas o imputadas otras ocho personas, que también han sido puestos en libertad  tras sus declaraciones.

En su investigación, la Policía no descarta que puedan encontrarse certificados falsos en los que se declare la existencia de edificaciones ficticias, así como la falsedad de su edad constructiva, superior a cuatro años para así conseguir la prescripción de los delitos urbanísticos que se pudieran haber cometido.