La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha garantizado este jueves en el Parlamento que, con 1.160 millones recogidos en los presupuestos andaluces de 2016, la Junta garantiza el sistema de dependencia, pese a los "recortes" del Gobierno central.

Durante una interpelación con el PP-A sobre esta materia, Sánchez Rubio ha indicado que en los presupuestos de 2016, se incluyen 1.160 millones para la dependencia, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento respecto al presente año, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de alcanzar un incremento del 10 por ciento a lo largo de la presente legislatura.

Para la consejera, el Gobierno andaluz garantiza así la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía "pese a que los recortes del Gobierno de España han supuesto que la comunidad andaluza haya dejado de percibir un total de 508 millones de euros para la financiación de este servicio en esta legislatura".

Sánchez Rubio ha recordado que, según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Gobierno andaluz viene aportando el 78 por ciento de los recursos frente al 22 por ciento del Estado, pese a que la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia fija en un 50 por ciento la aportación estatal.

La consejera ha destacado que para el Gobierno andaluz la atención a la dependencia es una inversión que "ha transformado muy positivamente la vida de miles de personas, así como de sus familiares, pero también por su gran potencial de creación de empleo directo, indirecto e inducido, su capacidad de generar importantes retornos fiscales, y su positivo impacto en el consumo y la actividad económica".

Ha denunciado que "todas las medidas adoptadas por el Gobierno de España no han sido más que medidas de ajuste dirigidas a reducir el gasto que han mermado, cuando no eliminado, los derechos de las personas".

Entre ellas, Sánchez Rubio ha detallado la revisión del calendario de aplicación; la moratoria en la incorporación de los dependientes moderados; la eliminación del sistema de altas en la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales así como la bajada de las cuantías de las prestaciones económicas previstas en el sistema; el avance en la aplicación efectiva del copago, la incompatibilidad entre prestaciones del sistema que actualmente son compatibles, o la fijación de un menor nivel de intensidad de los servicios.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha reiterado que todas estas medidas "han significado un ahorro para el Gobierno de España, pero para Andalucía han supuesto un esfuerzo adicional, por lo que se han puesto en marcha medidas para paliar las consecuencias de estos duros recortes".

Se ha referido a minimizar el impacto de la reducción en un 15% aprobada por el Gobierno central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, o que en Andalucía se puedan tener hasta tres prestaciones, "porque hicimos compatible la ayuda a domicilio, por ejemplo, con la unidad de estancia diurna y con la teleasistencia".

La consejera ha destacado también que según los propios datos publicados por el Imserso, a 30 de septiembre de 2015, en Andalucía existen un total de 163.087 personas beneficiarias, un 22 por ciento del total nacional y 219.098 prestaciones, un 23 por ciento del total nacional. Ha recordado que en los últimos tres meses se han incorporado, a día de hoy, más de 12.000 dependientes moderados al sistema de dependencia en Andalucía.

Ha agregado que en la comunidad hay más 42.440 plazas financiadas públicamente en residencias y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad y se ofrece más de 25 millones de horas de servicio de Ayuda a Domicilio (48.830 personas atendidas, lo que supone un 33,4% del total nacional). A su vez, se atienden a más de 192.000 personas a través del Servicio de Teleasistencia.

Para Sánchez Rubio, "estas cifras son incontestables y no cabe sino reconocer el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía, cuyo volumen de gestión es altísimo y superior al de otras Comunidades Autónomas".

"ni es pública ni gratuita"

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha manifestado que la prestación de la dependencia en Andalucía "ni es publica ni gratuita ni de calidad". Ha indicado que está "toda entera privatizada", puesto que de las 402 residencias que hay para personas con dependencia solo catorce son públicas y solo el diez por ciento de las plazas.

Ha denunciado que hay 118.000 dependientes andaluces esperando a que se resuelvan sus expedientes para poder acceder al sistema y ha indicado que la Junta no pone los recursos suficientes para atender a todas las personas. Ha reclamado a la consejera que en los presupuestos andaluces para 2016 se incluyan 800 millones más de recursos propios para la dependencia.