El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido este miércoles 4 de noviembre en Sevilla un encuentro con las ocho federaciones andaluzas de discapacidad física para conocer de primera mano hasta qué punto está garantizada la igualdad en el acceso a los bienes y servicios de nuestras ciudades, mediante su acceso y disfrute por todas las personas en igualdad de condiciones.

Según se indica en un comunicado, Meztu ha querido conocer los obstáculos y barreras todavía existentes en las ciudades en los temas de la accesibilidad de los itinerarios peatonales, el urbanismo, las intraestructuras y los transportes públicos, ante lo que defiende que todos los edificios e infraestructuras tienen que ser accesibles para toda la ciudadanía.

El resultado de este encuentro, el Defensor lo incorporará a la actuación que la Institución andaluza viene realizando en esta materia y que ha recogido en el informe especial que presenta este miércoles 11 de noviembre en el Parlamento sobre seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas.

En este sentido, ha querido recordar la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que fija como fecha límite el año 2017 para que todos los edificios, instalaciones e infraestructuras estén adaptadas.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha insistido en que un modelo de movilidad sostenible "solo es posible si contamos con itinerarios peatonales seguros, el uso de la bicicleta y transportes colectivos que reúnan las garantías para su uso por personas con movilidad reducida".

Por ello ha pedido a las autoridades públicas y a la sociedad civil en general que "cuando realicemos intervenciones para suprimir barreras, tengamos muy presentes que lo que queremos es garantizar la igualdad y el acceso de todas la ciudadanía".

El Defensor ha recordado situaciones en las que se adapta una acera pero no tiene continuidad en la plaza; se facilita el acceso a la entrada de un inmueble pero no el acceso a los servicios que se ofertan en el mismo, etcétera. Por ello ha pedido a los municipios planes de eliminación de barreras globales, que respondan a una lógica de diseño del espacio público.

A su juicio, es un problema que, en muchas ocasiones, se debe también "a la falta de sensibilidad" de toda la sociedad y que "lo vemos en los casos en que infraestructuras que se habían ejecutado adecuadamente y cumplían con todos los requisitos de accesibilidad generan nuevas barreras ante su ocupación por trípodes publicitarios, mobiliario, veladores, etcétera", señala.

Para la Institución del Defensor "construir una ciudad para todos y todas es una obligación y un derecho de toda la ciudadanía, aunque los poderes públicos deban liderar este objetivo".