Abogado de afectados de 'El Cavero' dice que la solución de la Junta es un "parche" y que "mañana no tendrán un techo"

Ángel Benito Pérez, el abogado de las 47 familias que residen en el asentamiento de 'El Cavero' en la localidad toledana de Olías del Rey, cree que la solución puesta en marcha por el Gobierno regional --que va a dar 1.800 euros de ayuda a cada familia-- es un "parche" que no resuelve el problema de estas personas, "que mañana, cuando se lleve a cabo el desalojo, no van a tener un techo para cobijarse".

Ángel Benito Pérez, el abogado de las 47 familias que residen en el asentamiento de 'El Cavero' en la localidad toledana de Olías del Rey, cree que la solución puesta en marcha por el Gobierno regional —que va a dar 1.800 euros de ayuda a cada familia— es un "parche" que no resuelve el problema de estas personas, "que mañana, cuando se lleve a cabo el desalojo, no van a tener un techo para cobijarse".

En declaraciones a Europa Press, Ángel Benito Pérez ha señalado que hace 15 días los representantes de las familias fueron convocados por el Gobierno regional que les explicó que la vía de facilitarles una vivienda social era "imposible" y se les instó a tramitar la solicitud de ayuda social con carácter de urgencia.

Tras asegurar no saber si el ingreso de 1.800 euros —medida que el Gobierno regional ha dado a conocer este miércoles, un día antes de que se vaya a producir el desalojo— va a ser automático este jueves, el abogado ha indicado que percibirán 300 euros mensuales durante un periodo de seis meses.

"Para mi esta solución es un parche, porque desde que se paralizó el lanzamiento el pasado 29 de julio ha habido tiempo para adoptar medidas, pero hasta que no se ha visto las orejas al lobo no se ha actuado", ha criticado.

"Esto ha sido como un partido de tenis, uno tirando la pelota al otro", ha manifestado el representante legal de los habitantes de El Cavero, que ha criticado el cruce de declaraciones que ha enfrentado estos días al Gobierno regional y a los representantes del Ejecutivo central.

En esta línea, ha dicho que la intención del Gobierno regional de adquirir el edificio donde se ubica esta asentamiento a la Tesorería de la Seguridad Social, actual propietaria, "no ha sido real", pues este proceso hubiese llevado un tiempo y además lo tendría que haber tramitado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, como responsable de la Tesorería.

Es por ello que considera que las administraciones podrían haber optado por otra vía, como por ejemplo, renegociar con los bancos algún tipo de alquiler social para estas familias.

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