La Fiscalía de Granada, que ha asumido las investigaciones abiertas por la suspensión del servicio de comedor en varios centros concertados de la provincia por un posible delito de denegación de auxilio a menores por parte de la Consejería de Educación, ha solicitado a esta administración un informe sobre las supuestas irregularidades que se han denunciado.

La Fiscalía Provincial ha asumido las investigaciones abiertas por la Fiscalía Superior de Andalucía a raíz de la denuncia presentada por CCOO ante el cierre del servicio de comedor en seis centros concentrados, cuatro de los cuales se encuentran en la zona Norte de la capital granadina.

La primera de las diligencias cuya inmediata práctica se ha ordenado ha sido recabar de la Consejería un informe sobre las irregularidades denunciadas, según ha detallado la Fiscalía de Granada en un comunicado.

En el escrito que CCOO remitió a la Fiscalía Superior, consultado por Europa Press, se ponía de manifiesto que la Consejería de Educación ha venido otorgando subvenciones a determinados centros de la provincia ubicados en "zonas desfavorecidas para atender las necesidades de comedor" de alumnos cuyas familias "tienen serias dificultades para su alimentación".

No obstante, desde el curso 2013-2014, la Junta no abona las subvenciones comprometidas a los centros, que en unos casos atienden los comedores directamente y en otros a través de empresas especializadas.

En unos casos se ha tenido que suspender el servicio de comedor y donde no se ha hecho "la deuda sigue creciendo", según expone el sindicato en el escrito, donde se plasma la relación de los centros afectados, cuatro situados en la capital, otro en Guadix y otro en Motril.

Para CCOO, esto "no sólo ha producido un quebranto de la economía de los centros y de las empresas" que prestaban el servicio, sino que se ha dejado "sin una alimentación adecuada a un grupo de población infantil desfavorecida, que en muchos casos es la única ingesta diaria que realizan".

Advierte de que esta situación es "impropia de un Estado social y de Derecho, ya que ello vulnera el derecho fundamental a la alimentación de los menores reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".