El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha indicado este martes que los ayuntamientos andaluces seguirán prestando en enero de 2016 servicios relativos a la atención primaria de salud, servicios sociales y educación, dado que la reordenación competencial prevista en la reforma local "debe estar supeditada a una eventual reforma del Sistema de Financiación Autonómica y Local, que se debe abordar en el futuro", por lo que "el empleo nunca correrá peligro".

En un comunicado, Sanz ha lamentado "la confusión interesada" generada en torno al asunto, que pretende "generar inseguridad" entre los trabajadores, y ha explicado que "las competencias relativas a los servicios sociales permanecerán en los ayuntamientos hasta que no haya acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación".

Por tanto, según ha dicho, los trabajadores adscritos a dichos servicios pueden estar tranquilos", ya que el principal objetivo de la reforma local es "blindar los servicios públicos esenciales, garantizando su financiación".

El delegado ha expresado su convencimiento de que la reforma local impulsada por el Gobierno de España es "muy beneficiosa para los ayuntamientos" porque "clarifica competencias, garantiza la financiación necesaria para la prestación de los servicios, y devuelve la estabilidad y credibilidad a las cuentas públicas", evitando los impagos a proveedores y empresas de servicios.

Sanz ha asegurado que "los ayuntamientos no podían seguir en la situación de asfixia financiera que nos encontramos al comienzo de la legislatura, ni deben seguir prestando servicios que les encarga la Junta de Andalucía y luego no paga".

A partir de la reforma, según ha explicado, "cuando la administración autonómica no pague lo que le corresponde lo hará directamente el Estado". A juicio de Sanz, "unos ayuntamientos saneados son la mejor garantía de estabilidad para sus trabajadores y proveedores y de eficacia para los ciudadanos".

En este sentido, el delegado ha recordado que el Gobierno de España ha articulado un conjunto de medidas destinadas a sanear las cuentas públicas y devolver la estabilidad financiera a las entidades locales, entre las que destacan los sucesivos planes de pago a proveedores, que les han permitido pagar un total 685.836 facturas atrasadas a 35.414 proveedores, por importe de 3.404 millones de euros.

Sanz ha recordado, finalmente, que el Gobierno ha articulado este año un nuevo Fondo Social, al que han solicitado su adhesión voluntaria ocho comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, destinado a pagar los convenios con los ayuntamientos andaluces para la prestación de servicios sociales por importe de de 82,7 millones.