El exedil de Rincón de la Victoria (Málaga) investigado en la causa del presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha comparecido este martes en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital, que se encarga del caso, y ha defendido que se cumplió con el compromiso de contratación que requería la concesión del curso.

La investigación sobre Manuel Sánchez, que dimitió como concejal tras ser llamado a declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se refiere a una subvención concedida con cargo al programa presupuestario 32D, con compromiso de contratación, de la convocatoria del 4 de noviembre de 2010 —fecha en la que no ostentaba cargo público alguno—. El curso era de ayudante de cocina.

El exconcejal, citado junto a su mujer y su hijo, se ha ratificado en la declaración hecha ante los investigadores y ha explicado que meses antes se hicieron gestiones para la contratación posterior de los alumnos, señalándose unas empresas determinadas; pero cuando terminó el curso, algunas ya no existían o ya no les interesaba; por lo que se contactó con otras firmas y se contrató.

Según han indicado fuentes judiciales, Sánchez ha dicho que la Junta de Andalucía no se personó durante las clases, sólo al principio. Respecto a uno de los locales donde se impartió, las fuentes han señalado que es de su mujer y se llevó a cabo un contrato de alquiler para el curso, que no fue comunicado a la administración, porque no sabían que se requería una autorización.

El investigado ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que se ha vuelto a presentar —ya se hizo cuando fue a declarar ante la UDEF— la resolución de la Junta de Andalucía con fecha de enero de este año 2015, en la que, tras comprobar posteriormente que "estaba todo en orden y correctamente", se acuerda devolverle más de 5.700 euros, que es "lo que quedaba pendiente de pago".

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La UDEF apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior de los mismos por parte de la administración regional, encargada de ello.

Los investigadores relataban en sus informes iniciales que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores que impartían la formación; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las subvenciones.