Los peritos ratifican ante el juez el "descontrol" en subvenciones de la Junta a CCOO-A entre 2006 y 2010

Dos peritos interventores de la Junta de Andalucía han ratificado este martes el informe en el que ponen de manifiesto el "descontrol" en las subvenciones nominativas que la Administración andaluza, y en concreto la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, concedió al sindicato CCOO-A durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2010, según han informado fuentes del caso.

Dos peritos interventores de la Junta de Andalucía han ratificado este martes el informe en el que ponen de manifiesto el "descontrol" en las subvenciones nominativas que la Administración andaluza, y en concreto la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, concedió al sindicato CCOO-A durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2010, según han informado fuentes del caso.

Las mismas fuentes han precisado a Europa Press que los dos peritos interventores han comparecido en la mañana de este martes ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla y han ratificado la "falta de control" existente en la concesión, gestión y justificación de estas subvenciones nominativas de la Junta al sindicato en materia de riesgos laborales y de mejora en las condiciones de trabajo.

Según las fuentes consultadas, se trata de subvenciones "muy generalistas" y, en el caso de las ayudas en materia de riesgos laborales, estas ascenderían a 2,1 millones de euros entre 2006 y 2010, mientras que para la mejora en las condiciones de trabajo las subvenciones alcanzarían una cantidad "similar".

De su lado, el sindicato CCOO-A ha aportado a la causa un CD que contiene documentos compulsados por la Junta en relación a la justificación de las subvenciones investigadas, y que no se encontraban hasta el momento en el Juzgado.

En esta causa permanecen imputados la exdirectora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía Esther Azorit Jiménez y el secretario de Organización y Finanzas de CCOO-A, Miguel Ángel Soto Cubero.

La denuncia

En su declaración ante el juez, el dirigente de CCOO-A negó cualquier irregularidad y alegó que únicamente "se produjo un error de contabilidad" en relación a 23.000 euros de estas subvenciones que "ya ha quedado solucionado", pues el sindicato ya consignó dicha cantidad en el Juzgado.

En la denuncia elevada al Juzgado, consultada por Europa Press, el Ministerio Público señala la primera de las ayudas, de 600.000 euros, fue concedida el 22 de mayo de 2009 por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, para que el sindicato desarrollara "un plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales" a ejecutar entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2009.

Añade el fiscal que, con fecha 9 de noviembre de 2009, "consta" un documento electrónico firmado por Azorit en el que ésta señala que "de los justificantes verificables relativos a los gastos realizados por el beneficiario, resulta acreditado que la subvención ha sido aplicada parcialmente a la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento parcial así como el correspondiente gasto parcial de la actividad subvencionada".

CHARANGA '

Los piratas'

No obstante, "de las comprobaciones iniciales efectuadas" por la Policía Judicial se concluye que "la suma total de los gastos justificados, salvo error u omisión involuntaria, asciende a un total de 609.106,09 euros", pero teniendo en cuenta la documentación remitida por CCOO-A "se deduce un exceso de justificación de 13.427,97 euros".

El fiscal indica que, con cargo a la subvención recibida, el sindicato justificó 34.553,75 euros "con cargo" a una manifestación celebrada el 22 de abril de 2009, partida dentro de la que se incluye una factura por la actuación de la charanga 'Los Piratas', otra correspondiente a 194 almuerzos, y una tercera por el transporte en autobús desde distintas localidades de la región andaluza.

"Una mínima comprobación de la documentación aportada por CCOO-A como justificación del 75 por ciento de la subvención debiera haberse traducido en la no aceptación de los gastos" relativos a esta manifestación, "lo cual supone de forma indiciaria un reintegro de fondos públicos de un mínimo de 20.383,78 euros", cantidad que resulta de restarle a los gastos de la manifestación "el exceso de justificación".

Gastos por un encuentro que no se celebró

Asimismo, la Fiscalía destaca que se justificaron gastos por la celebración ese mismo día 22 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), del 'Encuentro de Salud Laboral, 28 de abril. Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo', aunque la Policía Judicial concluyó que ese día "no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral" en Fibes.

La segunda ayuda investigada que refleja la denuncia, de 400.000 euros, fue solicitada por CCOO-A el día 9 de junio de 2009 para la financiación del 'Programa de mejora de las condiciones de trabajo en la comunidad andaluza para el año 2009', tras lo que, el 14 de julio de 2010, la propia Azorit firmó un documento señalando que "resulta acreditado que la subvención ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento así como el correspondiente gasto de la actividad subvencionada".

No obstante, y por resolución dictada por el consejero de Empleo el 2 de noviembre de 2010, se redujo la cuantía de la subvención a 397.928,98 euros, añade el fiscal, que explica que, "de las comprobaciones iniciales realizadas" por la Policía Judicial "se pone de manifiesto que, entre los gastos justificados, se adjuntan dietas y facturas correspondientes a desplazamientos, alojamientos y comidas por importe de 26.927,96 euros".

"Una mínima comprobación arroja como resultado la conclusión de que algunos de los gastos por transporte y dietas que se recogen con el concepto de 'coordinación de actividades', refleja viajes a Málaga desde Sevilla los viernes e itinerario de vuelta el lunes", asevera.

A su juicio, "una mínima comprobación" de la documentación aportada por el sindicato "debiera haberse traducido en un reintegro de fondos públicos derivados, de forma provisional e indiciaria, de la no aceptación como gasto justificado de parte de las dietas percibidas" por una dirigente de CCOO.

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