El exdirector de Instituto Geológico y Minero (IGM) Pedro Calvo ha asegurado este jueves ante el juez durante su declaración como imputado en la causa de Castor que los estudios e información existentes en su día indicaban la ausencia de riesgo sísmico en la zona en la que se ubica la estructura, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), según ha informado la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular.

Aunque ha admitido haber tenido conocimiento del informe elaborado por el Observatorio del Ebro, el imputado ha dicho que los técnicos del IGM no consideraron que de ese documento se desprendieran elementos "suficientemente sólidos" como para considerar la existencia de un riesgo de sismicidad derivada de la actividad de inyección de gas, ha añadido Arca Ibérica.

El imputado, que ha prestado declaración ante el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs en la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, ha respondido a todas las acusaciones y a su defensa, mientras que el resto de las defensas no han planteado preguntas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La acusación popular ha señalado que Pedro Calvo ha declarado que el informe que les fue solicitado por la Dirección General de Política Energética versaba "única y exclusivamente" sobre la idoneidad de la estructura Castor para servir como depósito de almacenamiento de gas.

Según ha dicho, los informantes estudiaron la documentación técnica acompañada por Escal y los estudios e informes realizados por empresas contratadas al efecto por la promotora, a las que consideraban "dignas de toda solvencia y credibilidad", ha apuntado Arca Ibérica.

Validados los informes

Así mismo, el imputado ha señalado que el IGM validó todos los informes técnicos unidos a la memoria justificativa del proyecto presentado por Escal, sin realizar estudios o trabajos adicionales o complementarios, al considerar que, "a la luz de los completos y técnicamente implecables informes presentados por la promotora, resultaban innecesarios", ha apuntado la asociación.

Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez abrió la causa por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales e imputó a 18 personas. La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, así como contra la mercantil Escal UGS.

En la causa están presentes la abogacía del Estado para representar a todos los funcionarios imputados, dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular que representa a una perjudicada y dos abogados de Escal —uno para representar al presidente Recaredo del Potro y otro al resto de la empresa—, entre otros.

Este martes está prevista a las 9.30 horas la declaración del imputado Manuel Escanilla Yuste, quien fuera director general de Política Energética y de Minas en 2006.