Jiménez Barrios reivindica que se incluya la reforma del modelo de financiación autonómica en el debate electoral

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado este jueves que el actual modelo de financiación autonómica es "injusto" y ha abogado por que en el debate electoral que se desarrollará con motivo de los comicios generales del 20 de marzo se incluya la necesidad de su reforma.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado este jueves que el actual modelo de financiación autonómica es "injusto" y ha abogado por que en el debate electoral que se desarrollará con motivo de los comicios generales del 20 de marzo se incluya la necesidad de su reforma.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, ha recalcado que el modelo de financiación "ha de servir para financiar los servicios públicos y no para enfrentar a los territorios".

Ha lamentado que el Gobierno central haya venido practicando una política económica con las comunidades autónomas "irresponsable y generadora de desigualdades". En este sentido, ha señalado que, con la aplicación del actual sistema de financiación, Andalucía ha dejado de recibir 4.156 millones de euros en cinco años, desde 2009 hasta 2013.

"4.100 millones de euros menos para colegios, para hospitales, para los dependientes, para apostar por la investigación, para nuestros jóvenes", ha apuntado. En su opinión, este modelo ha "obligado a las comunidades a pagar la deuda o a perseguir el mantra del déficit".

Por ese motivo, ha recordado que se ha solicitado al Gobierno central una regla de gasto que "vaya dirigida al mantenimiento" de unos servicios públicos "que han sido tan difíciles de mantener en este tiempo de crisis".

Respecto al impacto del sistema en las haciendas locales, ha señalado que éstas, en los últimos años y como consecuencia de la crisis económica, se han visto afectadas por la promulgación de normas como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En este sentido, ha explicado que "los rigurosos sistemas de control financiero y presupuestarios impuestos para que las entidades locales cierren con superávit sus ejercicios, para cumplir con el objetivo de déficit establecidos, se ha producido a costa de un menor gasto inversor y de recortes en el gasto social".

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