El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha criticado este jueves que el Gobierno central no haya incluido en el proyecto de los presupuestos del Estado para 2016 presentado en el Congreso ninguna dotación para la creación de los juzgados que había anunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y para los que, en cambio, la Junta de Andalucía sí ha incluido una dotación en las cuentas del próximo año.

En su comparecencia en el Parlamento para informar de la Conferencia Sectorial de Justicia reunida el 7 de octubre, el consejero ha considerado "desconcertante" el anuncio que ha hecho el Ministerio de Justicia de la creación de 45 órganos judiciales en toda España, teniendo en cuenta que esa medida "no tiene un reflejo" en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, "en los que no se explicitan, ni en su memoria económica ni en la desagregación por programas, los créditos necesarios para la puesta en marcha de los nuevos juzgados".

Por esa razón, De Llera ha tachado de "medida electoralista" y "brindis al sol" el anuncio del Gobierno central, lo que ha contrapuesto con la decisión de la Junta de dotar con los medios necesarios en los presupuestos autonómicos de 2016 la creación de 13 nuevos juzgados en Andalucía y de cuatro plazas de magistrados en audiencias provinciales, acordada en la Comisión Mixta de la Junta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además, De Llera ha señalado que, aunque se llevara a cabo realmente la creación de jueces anunciada por el Ministerio, seguiría siendo una cantidad "insuficiente", ya que el propio TSJA ha estimado que sólo en Andalucía harían falta 33 nuevos órganos judiciales.

"En definitiva, se trata de una propuesta carente de realismo, que no tiene en cuenta la asfixia económica de las comunidades autónomas, que hemos visto cómo el Gobierno central ha ingresado en sus arcas casi 600 millones de euros procedentes del cobro de las tasas judiciales, mientras desoye una y otra vez nuestras peticiones de un reparto justo de esos ingresos", ha dicho.

Compromiso "imposible"

Por otra parte, el titular de Justicia e Interior ha advertido de que va a resultar "imposible" el compromiso del Gobierno central de suprimir los trámites escritos y alcanzar una Administración judicial sin papel el próximo día 1 de enero, porque aún "no se ha dotado a los gobiernos autonómicos del equipamiento necesario para hacer efectiva esa medida".

Según el consejero, la implantación actual del sistema Lexnet que gestiona el Ministerio de Justicia hace "inviable" tal compromiso, porque "no hay financiación suficiente, a pesar de que se trata de una medida contemplada desde 2011 y que se ha acelerado ahora, cuando se acercan las elecciones generales".

Al respecto, De Llera ha recordado que la "práctica totalidad " de las comunidades autónomas presentes en la última Conferencia Sectorial advirtieron de la imposibilidad de hacer realidad ese objetivo de papel cero, aunque la nueva y reciente Ley de Enjuiciamiento Criminal fija el próximo 1 de enero como fecha tope para ponerlo en marcha.

Igualmente, el consejero se ha referido a la ampliación de las competencias de los institutos de Medicina Legal, que ahora podrán emitir informes periciales a instancias privadas mediante el devengo de un precio público, y ha subrayado que el Ministerio de Justicia "incumplió también" su compromiso de remitir a las comunidades autónomas los textos normativos antes de la reunión de la Conferencia Sectorial.

"Necesitamos conocer con tiempo suficiente los borradores del Gobierno central para poder estudiarlos rigurosamente, a fin de evitar entrar en desencuentros que perjudicarían seriamente a los ciudadanos", ha añadido.

Registro civil telemático

En su comparecencia parlamentaria, el consejero de Justicia e Interior ha señalado también, en relación a las comunicaciones de los nacimientos directamente desde los hospitales a los registros civiles, que esta nueva medida va a suponer en los primeros meses de implantación una complicación para ciudadanos y centros sanitarios, porque coexistirán los dos sistemas de registro, el convencional y el nuevo.

Asimismo, De Llera ha criticado que el ministro de Justicia no haya precisado que el nuevo sistema deja en manos de las comunidades autónomas la progresiva extensión de una experiencia piloto que ahora se está llevando a cabo en Andalucía en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y la formación de los empleados públicos encargados de esa labor.

En resumen, según el consejero, el Ministerio de Justicia "sólo ha intentado maquillar con esta última Conferencia Sectorial el retroceso de los cuatro años de legislatura en los que han prevalecido los recortes de derechos civiles, la imposición de nuevas tasas judiciales a las clases más desfavorecidas y la falta de medios materiales y humanos en la Administración judicial".