Más como una necesidad que por convencimiento, Cantabria abordará en esta nueva legislatura la reforma del Estatuto de Autonomía, para la que será necesario el consenso de las tres fuerzas parlamentarias. Sus portavoces, Rafael de la Sierra (PRC), Martín Berriolope (PSOE) y Francisco Rodríguez Argüeso (PP) lo confirmaron ayer en un foro organizado por la UIMP.

De la Sierra adelantó que espera que la Universidad de Cantabria envíe "en unos dos meses" al Parlamento el estudio previo, una "base de partida" para abrir posteriormente los primeros debates.

Todo hace prever un largo proceso. Si se ha abierto el 'melón estatutario' no es tanto por iniciativa propia del Gobierno cántabro como por la necesidad de seguir la estela que han marcado otras autonomías, caso de Cataluña y Andalucía. De hecho, el estudio previo tenía que haber llegado al Parlamento a principios de año, pero las elecciones han dilatado los plazos.

"Es un proceso que nos viene impuesto", reconocieron De la Sierra y Berriolope, para quien es necesario elaborar un nuevo texto que articule las competencias que de todos modos se van a transferir tras el nuevo ciclo de reformas abieryo en los últimos dos años. El portavoz socialista llamó al "consenso" de todas las fuerzas. Un consenso, en cualquier caso legalmente imprescindible, dado que es necesario una mayoría de 2/3 para aprobar la reforma, con lo que el PP tiene capacidad para bloquear el proceso, al contar con 17 de los 39 diputados de la Cámara cántabra.

Pero el partido de la oposición ya tiende puentes. Rodríguez Argüeso se mostró convencido de que "todos trabajaremos para conseguir la unanimidad", aunque se lamentó de que el proceso se esté llevando a cabo a remolque, "mirando de reojo" a otras autonomías" porque "no se ha llegado a un acuerdo nacional en el modelo de Estado".

En lo que sí hay acuerdo es en que no se producirá un debate identitario. "En Cantabria lo tenemos claro: somos cántabros, españoles y europeos", sentenció De la Sierra, de modo que el debate se ceñirá a los mecanismos para asumir las nuevas competencias.

En cualquier caso, el horizonte todavía parece muy lejano. El nuevo texto no estará listo antes de las próximas elecciones legislativas en España, y los trámites parlamentarios, tanto en Cantabria como en Madrid, dilatarán aún más la aprobación de un Estatuto que, en cualquier caso, debe ser una realidad antes de 2011.