La Asamblea Regional ha convalidado esta mañana el decreto ley con el que se permitirá acceder a la prestación por cuidados en el entorno a los dependientes a 1.305 personas, que tenían reconocido este derecho desde antes de junio de 2013.

En junio de 2013 entró en vigor una ley de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas en la que se modificó el régimen de acceso a la prestación económica de cuidados a dependientes y de apoyo a cuidadores no profesionales. Esta medida afectó a las solicitudes anteriores a dicha fecha que aún no habían sido resueltas, lo que obligó a que más de un millar de personas en la Región se quedaran sin dicha prestación.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha presentado en la Cámara este decreto-ley, aprobado el pasado 7 de octubre en Consejo de Gobierno. Se estima que con esta medida, los afectados por la supresión de la prestación perciban en su conjunto 5,8 millones de euros. Según Tomás, se "ha redotado de personal la sección de la dependencia" para atender estas solicitudes y proceder al pago de las ayudas, que se realizarán entre este año y 2016.

El decreto ley establece que a partir de ahora, si las solicitudes han sido resuletas negativamente por no cumplir los nuevos requisitos de acceso a esta prestación, se revoque dicha resolución y se reconozca la prestación solicitada siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la norma anterior.

Además de eso, el texto establece la periodificación de los atrasos derivados de los efectos retroactivos de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Tomás ha aclarado que el cuidador no familiar, "ahora sí puede trabajar, mientras que antes no". A lo que ha añadido que si el dependiente se encuentra en un centro educativo "también se puede percibir esa prestación porque entendemos que están los fines de semana, están las vacaciones de Semana Santa y Navidad y debe cuidarlo. Es importante que las familias estén protegidas".

Del mismo modo, se regula el derecho de los herederos de los dependientes a reclamar los atrasos devengados y no percibidos cuando el afectado ha fallecido. Es decir, se recobra la posibilidad de que las comunidades hereditarias que hubieran tenido derecho a las prestaciones correspondientes, de conformidad con la normativa estatal, puedan reclamarlas.

Unanimidad para su tramitación como proyecto de ley

Los grupos parlamentarios han apoyado la convalidación de este decreto ley aunque grupos como Ciudadanos (C's) y PSOE han solicitado que se tramite como proyecto de ley para "mejorar" aspectos del mismo. Esta petición ha sido aprobada por unanimidad, por lo que a partir de ahora se abre un plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas parciales.

Desde el PSOE, Consuelo Cano ha explicado que ellos abogan por recoger en el texto la situación especial de los dependientes que no están vinculados familiarmente con los dependientes. "Hay mucha gente que pierde los derechos a las prestaciones solo por no tener a nadie de la familia cerca", ha advertido. Además, los socialistas quieren que se modifique el punto que alude a que si después de seis meses, la solicitud no ha recibido respuesta por parte de la Administración, se desestime esta. "En todo caso debería ser al contrario, que sea estimatorio", ha pedido.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos (C's), Juan José Molina, también ha estado de acuerdo con el PSOE en este punto. "Hay que cambiar eso de que en el caso de que en el plazo de seis meses no se resuelva un expediente, que se desestime. Debe de darse una valoración favorable, en ese caso", ha expuesto.

A su vez, ellos quieren que se tramite el decreto ley como proyecto de ley para incluir otras mejoras en referente al número de horas que han de hacer los cuidadores. "El dinero que se paga es muy bajo, por lo que habría que reducir ese número de horas para que se equilibre", ha dicho.

El portavoz del PSOE, Rafael González Tovar, ha indicado que este decreto "restituye el tijeretazo a la murciana" del Gobierno regional a la dependencia. A su juicio, "el Gobierno no aplica bien la ley de dependencia, la recorta". Los socialistas aseguran que la Región tiene "el mayor" porcentaje de personas en lista de espera para que se les reconozca el derecho a la prestación, con 30,83 por ciento, frente al 16 por ciento del resto de España.

Asimismo, han recordado que en la Región hay 13.859 personas con derecho a percibir ayudas de la ley de dependencia que no están recibiendo la prestación. "Esto demuestra un mal hacer del Gobierno regional y desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2015 hay 3.652 personas menos acogidas al sistema de prestación. Es una situación muy oscura", han añadido.

Por otro lado, desde Podemos, han expresado su conformidad a que se convalide el decreto ley porque entienden que "devuelve el derecho a familias dependientes" a percibir estas ayudas después de que la justicia estableciera que ha de aplicarse esta ley.

En cuanto al PP, han recalcado la "gran importancia" de la convalidación de este decreto ley para que el millar de dependientes cobren dichas ayudas y que se reconozca el derecho de los dependientes que ya fallecieron. A su vez, la popular Inmaculada González, ha anunciado que su grupo ha registrado una moción para que se regule la figura del asistente personal del dependiente para que estos puedan tener una persona que le guíe a lo largo del día, teniendo en cuenta requisitos de los profesionales.