El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha citado este jueves a un interventor de la Junta de Andalucía a fin de que ratifique su informe sobre "los defectos en la contabilización de las transferencias de financiación" en tres empresas públicas que están siendo investigadas, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes han precisado que el magistrado ha citado este jueves a un interventor para que ratifique su informe sobre la antigua Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Epgpc) y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).

El pasado lunes, ya comparecieron ante el juez otros interventores en relación a las otras cinco empresas públicas investigadas, como son la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia de Obra Pública de Andalucía (Giasa), y la Empresa Pública de Turismo Andaluz (Turasa).

El juez, cabe recordarlo, ya archivó por falta de indicios la causa abierta contra la RTVA por el presunto uso inadecuado de las transferencias de financiación en esta empresa pública.

A finales del pasado año 2014, el Ministerio Público pidió al juez que reclamara más documentación a la Intervención General de la Junta a fin de analizar si se habían producido los "defectos en la contabilización de las transferencias de financiación" a los que la Intervención hizo mención en un informe.

La Fiscalía, tras analizar la "ingente" documentación que obra en autos, no había hallado la información que llevó a la Intervención General de la Junta a establecer la conclusión anterior, por lo que solicitó al juez que requiriera a la Intervención para que entregara los informes y la documentación de los que extrajo esas conclusiones sobre los "defectos en la contabilización de las transferencias".

Las transferencias de financiación

En una providencia, consultada por Europa Press, el juez acordó, a petición de la Fiscalía, investigar a cada una de estas empresas públicas "a fin de esclarecer la posible existencia respecto de ellas de transferencias de financiación por consejerías de la Junta de Andalucía a tales empresas en orden a esclarecer si se ha seguido la tramitación administrativa procedente sometida a fiscalización previa".

De este modo, el magistrado quiere indagar si se ha hecho un "análisis diferenciado en cada empresa pública del expediente administrativo de transferencia de financiación para operaciones de encargo de ejecución, subvenciones excepcionales u otros" en orden "a esclarecer en cada una de las diligencias previas que se incoen si existe un ilícito penal constitutivo de un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos".

Y es que, en un escrito presentado en el Juzgado, la Fiscalía Anticorrupción aludía a un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía titulado 'Memoria de Control Financiero Permanente referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2006' que recoge que las empresas públicas aludidas "presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo".

La petición de anticorrupción

La Fiscalía, en ese sentido, conecta este contenido con otro párrafo de este informe que señala que "del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas".

"De forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y fiscalización previa", citaba la Fiscalía Anticorrupción sobre este documento de la Intervención General.

La Fiscalía, así, atisbaba propiamente "la utilización de las transferencias de financiación para el abono final, por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas, de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos".