El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha solicitado, entre sus peticiones de documentación para la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el presunto fraude en la formación, una copia de todos los expedientes de reintegro que se encuentren en tramitación, cualquiera que sea su estado administrativo y sucinta explicación del motivo de su no finalización.

En la petición presentada al presidente de la comisión por los representantes de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe y Begoña Gutiérrez, al que ha tenido acceso Europa Press, reclaman conocer, en un periodo que contempla del 1 de enero de 2002 hasta la actualidad, el número de trabajadores, interinos, funcionarios o personal laboral de cualquier tipología, dedicado exclusivamente o parcialmente a la revisión y comprobación de la justificación por parte de los perceptores de fondos públicos para la formación y el empleo existentes en cada provincia y en cada anualidad; especificando la cualificación de cada empleado, funcionario o trabajador.

También reclama el número de expedientes que se originaron cada año, "que necesariamente han de coincidir con el número de subvenciones concedidas", y su distribución por provincias; así como los expedientes que se han revisado en cada provincia cada año, en correlación a las subvenciones del año anterior, a los efectos de comprobar las justificaciones del gasto de los fondos concedidos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, incluyendo aquellos expedientes que ya habían sido objeto de revisión al tiempo de dictarse las órdenes de exoneración generales.

De otro lado, Podemos solicita que la comisión reciba documentación acreditativa de los efectivos reales activos de la Faffe entre el 1 de enero de 2002 y hasta su extinción; así como la relación de Puestos de Trabajo de la entidad, la indicación de la cualificación profesional de cada trabajador que efectivamente ocupaba el puesto, así como la especificación de si se trataba de funcionarios de carrera de la administración o no.

Además, la formación de Teresa Rodríguez pide todos los documentos, comunicaciones, correos electrónicos o mensajes de cualquier tipo que sirvieran, con carácter previo, de información suficiente para proceder al dictado de las órdenes de exoneración, separados y desglosados por anualidad.

Asimismo, todos los documentos o informes que hayan servido desde el punto de vista técnico y legal para adoptar, por las autoridades competentes, las decisiones de exoneración en los procesos de revisión de los fondos y la justificación de los gastos. Y es que, para Podemos, es evidente que el hecho de haber procedido a dictar órdenes de todo punto excepcionales durante varios periodos anuales debió venir motivado por la existencia de informes o comunicaciones que aconsejaron dicha forma de proceder, que en principio no estaba contemplada en las legislación aplicable.

Mediante esta petición, Podemos trata de obtener la información precisa, de manera semejante a lo que ocurre con la aplicación del concepto de trazabilidad, al respecto de qué fue lo que motivó el hecho de no revisar todos los expedientes y en su lugar permitir la continuidad en la no justificación del gasto, en qué momento se tomó esa decisión, qué procedimiento se siguió y quién lo hizo. "Si la exoneración puede estar justificada por una situación excepcional, es evidente que en cada ocasión debió concurrir una situación excepcional diferente", agrega.

En la propuesta, también solicita información detallada, por provincias, sobre el número de expedientes de justificación que iban acompañados de informe de auditoría, la cuantía en euros de cada expediente, el tanto por ciento relativo sobre el importe total de la subvención y la cifra exacta del coste del informe de auditoría.

La formación morada quiere tener acceso a todos los expedientes abiertos o cerrados que, en materia de formación para el empleo, han sido objeto de revisión a pesar de contar con los informes de auditoría favorables, y que sean identificados con claridad a los responsables de la auditoría en cada caso.

Y además reclaman información detallada sobre el montante anual, desde 2002 hasta la fecha y por provincias, de dinero destinado a formación para el empleo que provenían de la Unión Europea, de la Administración General del Estado, de la Administración andaluza y de cualquier otro origen.