CSI-F ha criticado que el Gobierno de Aragón tiene dinero para más de 300 asesores y para la deuda de las empresas públicas, pero no para sus trabajadores y ha calificado de "poco menos que una burla" que en la reunión de la Mesa General de Negociación, se haya aplazado cualquier negociación de reivindicaciones hasta la elaboración de los presupuestos de Aragón de 2016.

Al respecto, han recordado que la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016 ni se negocia con los representantes de los trabajadores ni "suelen ser fácilmente modificables una vez aprobados".

CSI-F no acepta "la falta de respuestas, la negación de la negociación, los aplazamientos 'sine die' ni la callada por respuesta que hoy ha caracterizado la reunión", han criticado para expresar su "más enérgica protesta y advierte que éste no es el camino para lograr una paz social que la DGA pretende; de hecho, anuncia su intención de iniciar una nueva campaña de movilizaciones".

En una nota de prensa, han relatado que en los últimos cinco años, los empleados públicos aragoneses "han perdido derechos sociales, retributivos y laborales que, sólo parcialmente, ha repuesto el Real Decreto Ley 10/2015, que en nuestra Comunidad Autónoma se va a aplicar tarde y mal. De forma limitada y en perjuicio de los trabajadores y hasta de los propios servicios públicos".

INADMISIBLE

CSI-F ha asegurado que "somos la Comunidad Autónoma que peor trata a sus trabajadores" porque otros territorios con una situación económica "más apurada, tales como Castilla La Mancha o Valencia, que soportan un déficit muy superior, ya han aprobado, el pago de la extra a sus trabajadores".

Para CSI·F es "inadmisible que la DGA no se atreva a decir a los trabajadores a la cara la verdad: que no hay intención de devolver con inmediatez las retribuciones que en su día se sustrajeron, que la voluntad política que pide créditos para salvar la deuda de las empresas públicas y que mantiene a más de 300 asesores en su nómina acaba allí".

Asimismo, han lamentado que el Gobierno de Aragón "no quiere reconocer el esfuerzo, la solidaridad y los sacrificios personales y laborales de sus empleados que, con menos salarios, menos derechos y menos plantilla, han mantenido el funcionamiento de los servicios públicos en un nivel similar al que tenían cuando la plantilla era de 1.000 empleados más y el poder adquisitivo entre un 25 y un 30% superior al actual".

Finalmente, han indicado que "es hora de que la Administración reconozca los esfuerzos de sus trabajadores" y han exigido la reposición inmediata de todos los derechos perdidos porque "no queremos aplazamientos, queremos compromisos".