El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) presentará recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén que condena a cuatro sindicalistas por un delito de atentado, entre ellos Andrés Bódalo, también concejal de Jaén en Común (JeC) en el Ayuntamiento de la capital. A su juicio, supone la "continuación de la campaña represiva" que sufre "desde hace años y que tiene un origen claramente político".

Así se ha pronunciado este miércoles en una nota después de conocer la sentencia de la Sección Segunda que los considera autores de la agresión al exteniente de alcalde y concejal del PSOE en Jódar Juan Ibarra ocurrida en septiembre de 2012. A tres de ellos les impone un año de prisión, mientras que a Bódalo, miembro de la Permanente Nacional del SAT, le sentencia a tres años y seis meses de prisión al apreciarle un agravante de reincidencia.

El sindicato ha anunciado la presentación del recurso "al no haber tomado en cuenta la Audiencia las contradicciones que se manifestaron en el juicio entre diferentes cuerpos de seguridad". "Mientras que miembros de la Guardia Civil en sus declaraciones dieron la razón a los sindicalistas, un concejal y miembros de la Policía Local argumentaban a favor de las tesis de la Fiscalía y de la acusación particular, en este caso el Ayuntamiento de Jódar", ha explicado.

Sin embargo, según ha añadido, la sentencia "se basa exclusivamente en testimonios policiales que son contradictorios" con los testimonios de los guardias y "no toma en cuenta la única prueba objetiva, los propios videos grabados por la Guardia Civil".

El SAT ha afirmado que los hechos juzgados ocurrieron el 27 de septiembre de 2012 en el marco de una campaña por el empleo público que estaba desarrollando ante los escasos días de trabajo de la campaña de la vendimia. El Ayuntamiento galduriense, en manos del PSOE, "multó una y otra vez al SAT por usar megafonía a la hora de anunciar asambleas y actos en el pueblo".

Ese día, estando citados los sindicalistas para declarar ante el supuesto incumplimiento de la ordenanza de uso de la megafonía, "se produjo un momento de tensión que en ningún caso degeneró en violencia física". El sindicato defiende que así lo "declaran los miembros de la Guardia Civil que se hallaban a tres metros de los hechos y que aportan varios vídeos que prueban la actitud, en todo momento pacífica, de los sindicalistas".

"Es necesario recordar que el alcalde y el Ayuntamiento de Jódar han sido condenados por vulnerar derechos fundamentales de militantes del SAT calificando de ilegal la citada ordenanza municipal, origen del supuesto enfrentamiento", ha destacado para añadir que "tanto el concejal, supuestamente agredido como los policías locales llegaron a reconocer en el juicio" que la citada campaña "se estaba desarrollando en términos pacíficos".

"criminalización" de las luchas sociales

Desde el SAT se entiende esta sentencia como "un nuevo y gravísimo paso hacia la criminalización de las luchas sociales y sindicales". Ha señalado, al hilo, que es "el sindicato más represaliado de Europa, con cerca de un millón de euros en multas, peticiones de cárcel de 600 años y unos 500 sindicalistas procesados".

A pesar de ello, no obstante, el SAT "va a seguir reivindicando la no violencia activa como método de lucha" y continuará impulsando "acciones para denunciar la injusticia social, pero siempre "a cara descubierta y de forma pacífica".

"Estamos sufriendo una clara campaña represiva que pretende anularnos como alternativa sindical pero no lo van a conseguir. Seguiremos luchando por todas las vías posibles, siempre de forma pacífica, contra este sistema, este régimen y estos gobiernos que maltratan al pueblo trabajador andaluz y ninguna sentencia va a paralizar nuestra entrega constante en defensa de los intereses de nuestro pueblo y de nuestra clase", ha concluido.