Las familias acampadas ante una sucursal bancaria de Coria del Río (Sevilla) en demanda de una renegociación de sus hipotecas han sido objeto de una denuncia a manos de la dirección de dicha sucursal, que les acusa de presuntos delitos de "desórdenes públicos, injurias, ocupación indebida, acoso y daños", como consecuencia de sus acciones de protesta.

Estas cuatro familias; una de Coria, una de Camas y dos de Sevilla, concertaron préstamos hipotecarios con la entidad financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), para la adquisición de sus viviendas, pero se habría tratado de hipotecas "basura" cuyo posterior impago como consecuencia del deterioro de sus economías domésticas ha revelado los "abusivos" términos de tales préstamos hipotecarios.

"Se han hipotecado en muchos casos más de una vivienda, por lo que ahora las familias no sólo perderían la vivienda por la que se hipotecaron (como consecuencia de los impagos), sino además las de sus familiares que pretendían ser sus avalistas y que ellos convirtieron en hipotecantes con sus famosas hipotecas puente o doble garantía", enfatizaban.

En ese sentido, estas familias acusan a UCI, participada por el banco Santander, de "vender productos financieros tóxicos que muchas veces se han colocado a personas que no cumplirían los requisitos técnicos adecuados para contraer un préstamo". "A estos afectados se les han concedido préstamos casi sin solicitarles información de su vida laboral ni documentación, requisitos por los cuales en otras entidades les habrían denegado préstamos", avisan.

Seis meses de acampada

Tras "más de dos años y medio" intentando alcanzar un acuerdo con UCI para una salida negociada a cada uno de los cuatro conflictos, estas familias comenzaron hace ya seis meses una "acampada indefinida" ante una sucursal bancaria del Santander de la calle Cervantes de Coria del Río, en demanda de soluciones.

Dentro de su campaña de protestas, los afectados celebraron un encierro en una sucursal bancaria del Santander de Sevilla capital, siendo denunciados por presuntos delitos de ocupación ilegal y coacciones e imputados a manos del Juzgado de Instrucción número 14.

Ahora, la sucursal de Coria ante la cual mantienen su acampada les ha denunciado por presuntos delitos de "desórdenes públicos, injurias, ocupación indebida, acoso y daños". En esta denuncia, recogida por Europa Press, se acusa a estas personas de "alterar el orden de pacífica convivencia" en "las oficinas" de la sucursal y sus espacios "adyacentes", con "expresiones que menoscaban el nombre y la fama de dicha entidad y sus empleados".

"destrucción del cajero automático"

La denuncia, en ese sentido, señala "pinturas y desperfectos" en la fachada de la sucursal, así como la "destrucción del cajero automático", "manifestaciones falsas contra la entidad" y acciones intencionadas para "dificultar" el "acceso" de los clientes a la oficina o al cajero, instándoles incluso a cancelar sus cuentas. En su denuncia, la sucursal da cuenta de protestas y manifestaciones no autorizadas por la Subdelegación del Gobierno y pide, en definitiva, que se ordene "el levantamiento y la dispersión de la acampada".