Solo 24 horas después de que quedase constituido el Parlament Catalán, las formaciones independentistas Junts pel Sí y la CUP han registrado este martes en el parlamento autonómico una propuesta de resolución conjunta para que el pleno de la cámara apruebe el "inicio del proceso" independentista hacia una "república catalana".
"No va a surtir efecto alguno", ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al tiempo que ha advertido que "el Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos en defensa de la sobreranía del pueblo español".
¿Cuáles son esos mecanismos a los que alude Rajoy?
En primer lugar el Gobierno esperará a que sean los grupos no independentistas del Parlament los que frenen la resolución.
Para ello, el grupo popular pesentará un recurso de reconsideración en la Mesa del Parlament.
La idea es agotar todos los pasos reglamentarios antes de tomar una medida contundente, pero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha solicitado ya un informe a los Servicios Jurídicos del Estado para estudiar todas las vías de recurso posibles.
¿Y si el Parlament sigue con el proceso?
Hace dos meses, en previsión de una posible secesión, el Gobierno propuso una reforma urgente del Tribunal Constitucional.
La iniciativa, registrada por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada en lo que queda de legislatura, persigue que el TC pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones, además de imponerles multas de entre 3.000 y los 30.000 euros.
La proposición pretende modificar los artículos 83, 87, 92 y 95 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, al que dota de instrumentos para que pueda garantizar el incumplimiento de sus sentencias.
El Constitucional ya suspendió cautelarmente algunos artículos de la ley catalana que establece la creación de las estructuras de Estado.
El artículo 155 de la Constitución, el argumento final
El presidente del Gobierno ya ha apelado en diversas ocasiones a las "garantías constitucionales" para evitar que se materialice un proceso de independencia en Cataluña.
El artículo 155 de la Constitución permite, tras pasar por el Senado, intervenir las competencias y atribuciones de una Comunidad Autónoma, pudiendo implicar incluso una suspensión de la autonomía.
El Gobierno tiene previsto los trámites necesarios para solventar el problema de que el Senado esté disuelto por la convocatoria de elecciones. En este caso sería la Diputación Permanente la que tendría las competencias necesarias para llevar a cabo el proceso de aplicación del artículo 155, una norma que nunca ha sido aplicada hasta el momento en el Estado Español.
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