Los trabajadores de la empresa naval pública Navantia en Ferrol han retomado este martes las movilizaciones para demandar carga de trabajo, tras haber transcurrido más de cinco meses desde la última acción de protesta, en mayo de este año.

Los trabajadores públicos, acompañados por operarios de la industria auxiliar, han protagonizado una marcha que los ha llevado desde el interior del astillero, con salida a las 10,30 horas, hasta la sede de la delegación de Hacienda en la ciudad, en donde se han concentrado por espacio de media hora en compañía de los trabajadores que salieron prejubilados en la última reconversión naval, en enero de 2005.

El acto reivindicativo se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente y el nuevo presidente del comité de empresa, Javier Galán, (CC.OO.) ha asegurado que demandan ·carga de trabajo ya".

Así, ha incidido en que "las buenas perspectivas comerciales, que parecen existir, según la empresa", él "ya" las he "dejado de creer, porque los trabajadores y la ciudadanía, que hoy está en el paro y no tiene ningún recurso, no les vale con que la empresa diga que hay buenas perspectivas".

OCUPACIÓN

En cuanto a la actual carga de trabajo, Galán ha subrayado que existe "un alto índice de subactividad" en ocupación de los operarios, con trabajos en la construcción del buque flotel para la petrolera mexicana Pemex, además del Buque de Acción Marítima (BAM), para la Armada Española, "cuyo grado de ejecución es apenas inexistente ya que de manera extraoficial se ha comunicado que la puesta de quilla no será por lo menos hasta abril del próximo año".

El representante de CC.OO. no se ha querido pronunciar con respecto al número de trabajadores a día de hoy asignados a ambas obras. Según ha advertido, en caso de "no aprobar hasta el año 2018 el programa de la fragatas F-110 españolas", entienden "que ni Navantia ni la comarca puede estar en esta situación".

Presencia del alcalde

En esta movilización del sector naval también ha estado presente el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), que ha justificado su presencia asegurando que "siempre" estará "al lado de los trabajadores".

De este modo, ha reclamado "carga de trabajo tanto para este astillero como para Fene, independientemente de los contratos para el sector eólico marino que se están ejecutando en las instalaciones de Perlío". "El cual también defendemos, aunque también pensamos que el mismo debe de venir complementado con la construcción de barcos, que es lo que saben hacer estos trabajadores", ha apostillado.

El regidor de Ferrol en Común también ha asegurado que parece que "existen ciertos intereses en dejar morir el sector naval público" ya que de lo contrario, "si hubiera voluntad política, ya estarían construyendo las fragatas que Defensa viene defendiendo desde hace mucho tiempo", en alusión a las fragatas de la serie F-110.

A ello ha sumado "un proyecto serio de construcción de un dique" para el departamento de reparaciones que "rebosa de carga de trabajo" y que "nunca se ha tomado en serio por parte de ningún gobierno", ha apostillado.

Acuerdo con los prejubilados

Por otra parte, los prejubilado de la antigua Izar, y que tras su liquidación ha dado lugar a la actual Navantia, además de los exempleados de la extinta Imenosa, conocieron en esta concentración, por boca de su portavoz, Emilio Pantín (CC.OO.), que a última hora de la tarde de este lunes, día 26, se ha llegado a un acuerdo en Madrid entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y las organizaciones sindicales, para aplicar a este colectivo las actualizaciones salariales pactadas en sus correspondientes expedientes de regulación de empleo (ERE) en ejecución voluntaria.

Tras diversos encuentros mantenidos en las últimas semanas, el presidente de SEPI, Ramón Aguirre; el vicepresidente, Federico Ferrer; los representantes de UGT Carlos Romero y José Ignacio San Miguel, y los de CC.OO. Agustín Martín y Juan Carlos Álvarez Liébana, han acordado proceder en los próximos días a la ejecución voluntaria de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y ratificada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 y 31 de marzo de este año.

Con esta medida, SEPI espera "evitar la interposición de numerosas demandas individuales" con el consiguiente colapso en la administración judicial y "eliminar los inconvenientes que las reclamaciones supondrían para este colectivo".