El Gobierno de Aragón prevé recaudar entre 85 y 100 millones de euros más en 2016 con el proyecto de ley de medidas tributarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos, al que este martes ha dado el visto bueno el Consejo de Gobierno. Esta cantidad equivale "más o menos" al coste de la renta social básica, que el Ejecutivo creará.

Una "amplísima mayoría" de los aragoneses no se verán afectados por esta reforma tributaria, ha afirmado el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La nueva ley tendrá efecto desde el 31 de diciembre.

Gimeno ha señalado que con este proyecto de ley se rompe la tendencia establecida por el Ejecutivo anterior (PP-PAR), que situó a la Comunidad en el segundo lugar del ranking de comunidades con menos impuestos, después de Madrid.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha expresado que el objetivo de esta iniciativa legislativa es "clarísimo": el mantenimiento de las políticas sociales, en alusión expresa a la sanidad, la Educación, la renta básica, la atención a la dependencia, la investigación, la universidad y la vivienda.

Ha traído a colación un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma que señala que el saldo contable es de 700 millones de euros, el gasto pendiente de aplicar al Presupuesto es de 501 millones y el déficit en contabilidad nacional se sitúa en el 2,01 por ciento, ante lo que el Gobierno de Javier Lambán ha tomado medidas para disminuir el coste de los intereses y las amortizaciones de deuda.

Ha recalcado que "si queremos garantizar los servicios públicos hace falta hacer un esfuerzo mínimo que significa tener más ingresos" con la parte de la cesta de impuestos sobre la que tiene competencia la Comunidad Autónoma, a lo que se añaden los aproximadamente 180 millones que la Administración regional recibirá el año próximo desde el Estado.

"reforma mínima"

A juicio de Fernando Gimeno esta es "una reforma mínima" y consiste en "hacer lo que han hecho las comunidades autónomas" en la legislatura anterior, criticando después al Gobierno de Rudi por bajarlos y por no adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Ha detallado que el 99,5 por ciento de los aragoneses pagarán en 2016 el mismo IRPF que el año anterior y el 97,5 por ciento no se verá afectado por la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. "Hay que buscarlos con lupa", ha dicho Gimeno en alusión a los afectados. Las pymes y las empresas familiares están excluidas de esta subida "porque prima la creación de empleo" y el Ejecutivo no quiere "distorsionar" la continuidad de las empresas.

El IRPF subirá para las rentas desde 90.000 euros anuales, que pagarán un 23,5 por ciento, mientras que quienes tengan unos ingresos de 120.000 euros abonarán el 24,5 y los que rebasen los 175.000, un 25 por ciento. Los seguros privados de salud no podrán desgravarse.

En cuanto al impuesto sobre determinados hidrocarburos, que permitirá recaudar 18 millones más, ha indicado que están excluidos los agricultores, transportistas, taxistas y la calefacción de los hogares. "Lo que va a pagar un coche es una cifra tan sorprendente como tres euros", ha dicho Gimeno, apuntando que los impuestos que gravan un menú del día de 10 euros son más elevados que lo que se pagará por este impuesto al mes. Además, todas las comunidades autónomas lo cobran.

Con la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), Aragón —34 millones más— se situará en la media de las comunidades autónomas.

Se creará una bonificación en cuota del 12,5 por ciento en la adquisición de vivienda habitual para los ciudadanos menores de 30 años y los que tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, que supondrá que seguirán tributando al 7 por ciento.

El tipo general del ITP pasa del 7 al 8 por ciento, y al 9 por ciento para bienes cuyo valor supere los 500.000 euros, dando unas cuotas inferiores a las de la mayoría de las comunidades autónomas.

En el Impuesto sobre el Patrimonio se ha puesto un límite de 500.000 euros, reduciéndose el mínimo exento en 200.000 euros, sin estar afectada la vivienda habitual, ni los fondos de pensiones, así como las empresas familiares. Es "un impuesto moderado" con el que se pide "un pequeño esfuerzo" a los que tienen más capacidad tributaria, ha dicho Fernando Gimeno.

En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se elimina la bonificación del 65 por ciento que se aplicaba a quienes tenían un patrimonio superior a 402.678,11 euros, lo que en 2014 ha beneficiado al 2,5 por ciento de los contribuyentes. El Gobierno de Lambán vuelve a la situación de 2011.

Por otra parte, Fernando Gimeno ha dicho que la burbuja financiera "vuelve a preocupar" porque se está volviendo a financier el 100 por cien para la compra de vivienda.

Impuestos medioambientales

En cuanto a los impuestos medioambientales, "no hemos sido innovadores", ya que Galicia y Castilla y León ya cobran una tasa a las empresas que gestionan embalses, que en Aragón pagarán por la ocupación de suelo. Gimeno ha apuntado que en las ciudades se cobran tasas por ocupar la calle con mesas y sillas.

"No queremos perjudicar a los que explotan y utilizan los embalses", ha afirmado Gimeno, quien prevé recaudar con este impuesto 12 millones. También se gravarán algunos tendidos eléctricos y las telecabinas. El consejero ha apuntado que el Gobierno quiere recuperar la competencia para cobrar el impuesto por contaminación de las aguas a las empresas titulares de depuradoras.

"justicia social"

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, quien representa a Chunta Aragonesista (CHA) en el Gobierno de Lambán, ha defendido este proyecto de ley al afirmar que recoge medidas "absolutamente necesarias para garantizar políticas sociales" porque "no es posible que sigamos actuando solo en el lado de los gastos, como ha venido haciendo la derecha".

Con el anterior Ejecutivo, Aragón ha tenido "el dudoso honor de ser una de las comunidades con menor presión fiscal y mayor déficit", ha continuado Soro, en cuya opinión solo con esta ley se podrá recuperar en 2016 la calidad de la sanidad pública, la atención a la dependencia y crear la renta social básica. "Este proyecto de ley es la antesala para poder articular unos Presupuestos de justicia social".

También ha considerado que el Gobierno ha exprimido al máximo la capacidad tributaria de la Comunidad para legislar desde la óptica de la justicia social, "haciendo políticas tributarias justas" y basadas en los principios de igualdad y progresividad.

Los nuevos gravámenes "recaerán de forma muy focalizada en las rentas más altas", lo que "va a redundar en beneficio de la ciudadanía" ya que se mantendrá la calidad de los servicios públicos, ha dicho Soro, quien ha resaltado que así se están cumpliendo los compromisos suscritos por el PSOE, CHA, IU y Podemos.