Después de que en octubre de 2014 el Juzgado de Primera Instancia número 12 celebrase la vista previa al juicio relativo a la demanda por daños y perjuicios promovida por los afectados de la paralización de las viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los afectados siguen aún esperando el señalamiento del juicio.

José Verdugo, abogado del colectivo principal de adjudicatarios de esta promoción de viviendas protegidas, ha informado a Europa Press de que el Juzgado de Primera Instancia número 12 aún no ha señalado fecha para el mencionado juicio, explicando que fue precisamente en octubre de 2014, hace ya un año, cuando la citada instancia judicial solicitó a la Consejería de Fomento y Vivienda una serie de "oficios sobre la situación de los pisos", unos oficios cuyo envío habría reclamado de nuevo este pasado verano de 2015 porque la Consejería no los habría remitido.

Tras la segunda petición del juzgado, según el abogado, la Consejería de Fomento y Vivienda habría remitido al mismo una documentación insuficiente, apenas "un folio", por lo que el asunto afrontaría ya la tercera reclamación de los oficios sobre la situación de las viviendas, justo un año después de ser celebrada la vista previa al juicio, que sigue sin ser señalado.

Esta promoción de 583 viviendas protegidas parte de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado entre 15.000 y 20.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. En 2009, las obras fueron paralizadas a cuenta de las dificultades financieras de la sociedad 'Dolmen Consulting Inmobiliario', encargada de la gestión de la promoción de viviendas. Aunque inicialmente la entrega de las viviendas estaba programada para 2010, no fue hasta 2012 cuando fueron entregadas las primeras 73 viviendas.

El banco malo

En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se hizo cargo de este préstamo, solicitando el concurso de acreedores para la fundación.

Ante este escenario, aproximadamente la mitad de los adjudicatarios de las VPO optaron por renunciar a las mismas y reclamar la devolución de los anticipos entregados, toda vez que a día de hoy, según José Verdugo, la aseguradora 'Millennium Insurance' habría abonado a la mayoría de quienes han renunciado el dinero correspondiente a sus anticipos. "Ya quedan pocos por cobrar", ha dicho José Verdugo.

Obras reanudadas

En paralelo, la constructora FCC, por encargo de los administradores concursales de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, reanudó en su momento la construcción de las viviendas en cuestión para entregar las 510 VPO que quedaban pendientes.

Por este mismo conflicto, y a cuenta de la denuncia promovida en su contra por siete empresas proveedoras de esta promoción de viviendas como consecuencia del impago de sus servicios y materiales, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla imputó al hasta ex presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía Santiago Herrero, y a otros directivos de la patronal, si bien finalmente la causa fue archivada.