El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha asegurado que dicho órgano de la Iglesia Católica cuenta con documentación que acredita que la antigua Huerta de Albacete, donde hoy se encuentra la Plaza de la Fuensanta, es propiedad suya desde el siglo XV, situación que no ha variado desde entonces, aunque ahora el gobierno de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba haya iniciado el proceso para inscribir como propio dicho espacio, registrado a nombre del Cabildo.

Así lo ha destacado Pérez Moya, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha señalado que en los terrenos de la desaparecida huerta, de los que es titular desde finales del siglo XV, "el Cabildo hizo posteriormente el Santuario (de la Virgen de la Fuensanta) e hizo el Pocito y también la explanada que hay delante y alrededor del Santuario, algo que tenemos avalado históricamente, con lo que no hay duda de que todo ello pertenece al Cabildo".

Es más, para el Cabildo, el argumento esgrimido por el Consistorio de que un camino público discurría por delante del Santuario no modifica la propiedad de ese espacio, en primer lugar porque el citado 'camino vecinal 68', según entiende este órgano de la Iglesia Católica, discurría "pegado al río" y no por la explanada situada frente al Santuario (la actual plaza), que también pertenece al Cabildo desde hace siglos, como lo acredita un "documento público que data de 1684".

En todo caso, consideran los letrados del Cabildo, que aunque el desaparecido camino vecinal hubiese pasado por la entonces explanada ubicada frente al Santuario, "los seis metros de ancho del camino no justificarían la propiedad de todo el espacio circundante, que es muchísimo mayor", y ello sin olvidar que "en las propias Ordenanzas Municipales en 1884 se hace referencia al Santuario y a la explanada como un espacio único", perteneciente al Cabildo.

Por eso, según ha señalado Pérez Moya, "ahora que el Ayuntamiento dice que eso es suyo, hemos presentado toda esta documentación", aclarando el presidente del Cabildo que, en cualquier caso, "no es el Ayuntamiento el que tiene que determinar quién es el propietario" de la Plaza de la Fuensanta, porque el Consistorio "no está cualificado para ello, sino los tribunales", a los que tendrá que acudir el Ayuntamiento si quiere mantener que la Plaza de la Fuensanta pertenece a la ciudad, y a los que el Cabildo está dispuesto a encomendarse, "para que dictaminen lo que crean más justo".

Pérez Moya ha recordado que a esta situación se ha llegado después de que el gobierno municipal rechazara el pasado septiembre las alegaciones presentadas por el Cabildo al acuerdo de la junta de gobierno local mediante el que declaró la titularidad pública de la Plaza de la Fuensanta y aprobó iniciar el proceso para registrarla a nombre el Consistorio, aunque en el Registro de la Propiedad aparece inscrita a nombre del Cabildo.

Por eso, según ha precisado Pérez Moya, el Cabildo está dispuesto a defender en los tribunales "dos cosas: una, que el Ayuntamiento no es competente para dirimir si eso es propiedad pública, y dos, que son los tribunales los que pueden hacerlo", es decir, determinar a quién le corresponde la titularidad de la Plaza de la Fuensanta.

"donación a la ciudad"

Sin embargo, según ha avanzado Pérez Moya, en el Cabildo están "dispuestos a dialogar con el Ayuntamiento", en cuanto a la posible cesión de la Plaza de la Fuensanta, "pero siempre que el Consistorio reconozca al final que eso es nuestro, es decir, no vamos a regalar una cosa sin que nos den nada a cambio", en este caso el reconocimiento explícito, por parte del Ayuntamiento, de que dicho espacio es propiedad del Cabildo.

Esto quiere decir, según ha aclarado el presidente del Cabildo, que "si el Ayuntamiento dice que esto es nuestro, no tenemos inconveniente en hacer una donación a la ciudad", teniendo claro, además, que "el uso público de algo no significa que sea propiedad pública" y, de igual modo, el hecho de que el Consistorio haya acondicionado como plaza el entorno del Santuario de la Fuensanta no determina la titularidad pública de dicho entorno, según ha sentenciado.

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