Los vecinos de El Pilón han hecho pública una carta abierta dirigida al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, en la que aseguran que ya no confían "en absoluto" en la "palabra" del equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento y advierten que seguirán luchando por sus derechos para lo que acudirán a "todas las instancias judiciales e institucionales" a su "alcance".

En la carta, remitida este viernes a los medios de comunicación, los vecinos afectados han manifestado que se han "cansado de oír" tanto al regidor como al concejal de Urbanismo, César Díaz, hablar de su "supuesta voluntad de diálogo" cuando estas declaraciones "no se corresponden en absoluto con la realidad".

Asimismo, han criticado que desde el equipo de gobierno municipal se insista en que no puede modificar el desarrollo del Área Específica 3B de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por la que están afectados, y que "no lo justifiquen en modo alguno", pero sin embargo "si lo modifican para sacar fuera de ordenación un chiringuito en el Sardinero".

También han denunciado que el PP diga que una modificación puntual del PGOU "no paralizaría la tramitación de este expediente" de desarrollo urbanístico cuando, según aseguran los vecinos del Pilón, eso "tampoco es cierto como lo acredita la jurisprudencia en los tribunales".

Han lamentado además que "el Ayuntamiento afirma que no se puede proceder a la declaración de Área de Rehabilitación del barrio, que implicaría automáticamente el derecho al realojo garantizado, porque la Comunidad de Cantabria no ha desarrollado con normas propias la ley estatal de rehabilitación".

"Argumento éste que constituye un verdadero atentado contra el más elemental sentido común, por cuanto esa ley es aplicable por defecto a todo el territorio nacional", han apuntado los vecinos, que han indicado que, además, este argumento choca con la reciente declaración como área de rehabilitación del Cabildo de Arriba.

Al respecto, los vecinos afectados por el desarrollo urbanístico de El Pilón, donde se plantea la construcción de 140 viviendas y 200 garajes por parte de una promotora privada, han criticado que De la Serna y su equipo de gobierno "utilicen distintas varas de medir en cuanto a los derechos de los vecinos se refiere".

"No todos tenemos los mismos derechos, a algunos se les trata generosamente, a otros se nos vulneran derechos constitucionales tales como el derecho a una vivienda digna y el derecho a no ser discriminados, el derecho a no ser expropiados si no es por causa de utilidad pública e interés general", han añadido.

Para concluir, han reiterado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento se dedique a "echar balones fuera" apuntado a que la solución está en manos del Gobierno de Cantabria y de que éste "cambie por la vía de urgencia" la Ley del Suelo cuando, han insistido, este problema se ha creado "exclusivamente por el contenido del PGOU y la política urbanística desarrollada por el PP" en la ciudad.