El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca ha citado a declarar el 25 de noviembre a los primeros tenientes de alcaldes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Se trata de José María Parra, primer teniente de Alcalde y concejal de Agricultura, Ganadería, Agua y Pedanías; y Dolores Arenas, segunda teniente, concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz, según ha podido saber Europa Press.

En las diligencias previas incoadas en junio ya la juez admitió a trámite la querella presentada por el Ministerio Fiscal por los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial contra el ex alcalde de Puerto Lumbreras y presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso 'Auditorio', y otras 13 personas, además de los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de dicho municipio en febrero y marzo de 2008.

Una vez comprobados los miembros de la Junta de Gobierno del Consistorio lumbrerense, se notificó a las partes una resolución posterior en las que se les citaba a declarar como querellados en compañía de un abogado.

Cabe recordar que este caso investiga presuntas irregularidades en la construcción y entrega del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde del municipio.

Pedro Antonio Sánchez tiene la condición de aforado y la magistrada del Juzgado lorquino no podría imputarle, sino que deberá remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia si aprecia indicios de delito, para lo que deberá redactar una exposición razonada de los hechos en virtud de las pruebas que obren en su poder una vez concluidas las declaraciones.

Hechos investigados

En concreto, el escrito de la querella contra Sánchez hace mención a un delito continuado de prevaricación en su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial en lo relativo al proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras.

La querella del fiscal hace referencia a "indudables indicios o evidencias delictivas, el encargo al arquitecto de la redacción de un anteproyecto para la construcción del auditorio, la apariencia de legalidad del concurso convocado, la manipulación en la fijación del precio y otros extremos".

Y se advierte de la participación "decisiva" en esa "ilícita" actividad de Sánchez, ya que en aquellos momentos era alcalde e impulsó desde su cargo la supuesta comisión de estos delitos.