Tribunales.- Condenan a Astilleros a pagar 1.535 euros a un prejubilado del ERE de 2005 por atrasos en nóminas

El juez de lo Social número 8 de Sevilla ha condenado a Astilleros de Sevilla, "actualmente Izar Construcciones S.A.", a pagar 1.535,90 euros a un prejubilado vinculado al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2005 en concepto de cobro de atrasos y actualización de la pensión en sus salarios desde 2013.

El juez de lo Social número 8 de Sevilla ha condenado a Astilleros de Sevilla, "actualmente Izar Construcciones S.A.", a pagar 1.535,90 euros a un prejubilado vinculado al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2005 en concepto de cobro de atrasos y actualización de la pensión en sus salarios desde 2013.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez estima parcialmente el recurso presentado por el abogado del prejubilado, Daniel Sánchez Bernal, y condena a Astilleros de Sevilla al abono de las cantidades dejadas de percibir por este prejubilado en concepto de revalorización del IPC real, es decir, el 2,9 por ciento de las nóminas a partir del mes de marzo de 2013.

Asimismo, condena a Astilleros a la regularización de las correspondientes nóminas, incluyéndose en las mismas el IPC real dejado de aplicar "indebidamente"; a la regularización de dichas cantidades según el IPC real de cada año, conforme a lo pactado, y al pago al afectado de los atrasos debidos, que desde la nómina de 2013 a la nómina de octubre de 2014 asciende a 1.535,90 euros, todo ello con la responsabilidad subsidiaria de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El afectado, Julio Sánchez Vicente, prestó sus servicios por cuenta y orden de la entidad demandada desde el día 1 de enero de 1981, desarrollando sus actividades en el centro de trabajo radicado en la carretera de la Esclusa, tras lo que se promovió por Izar un ERE (67/04) que fue aprobado por la Dirección General de Trabajo el 16 de marzo de 2005, aprobando la extinción de los contratos de 3.983 trabajadores.

En la cláusula novena del acuerdo marco suscrito por SEPI-Izar y sindicatos, se incluía un plan de prejubilaciones en el que se establecía que, "a partir del 1 de enero de 2005 y durante el periodo de prejubilación, la citada garantía económica será objeto de actualización anual en el porcentaje de IPC real de cada año".

Demanda de conflicto colectivo

El 12 de febrero de 2013, se dirigió una circular informativa al colectivo de trabajadores prejubilados del ERE donde se indicaba que, "cumpliendo con los compromisos derivados de su plan de prejubilación", para el año 2012 "se han actualizado los valores salariales, aplicando un incremento del 2,90 por ciento correspondiente al IPC interanual de dicho año, desde enero de 2012".

No obstante, y con fecha 25 de marzo de 2013, se emitió una circular informativa donde se expone que, "siguiendo las instrucciones provisionales recibidas de SEPI, con carácter general para todo su grupo de empresas, de forma cautelar y en tanto se dicten instrucciones definitivas, en las próximas nóminas no se aplicará el IPC de 2012".

Interpuesta demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, se dictó sentencia donde declaró el derecho de todos los trabajadores afectados por el conflicto a que se revaloricen las cantidades reconocidas en el año 2012 en un 2,9 por ciento sobre las retribuciones de 2011, entre otros aspectos, condenando así a Izar y SEPI. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que confirmó el fallo.

El trabajador prejubilado reclamó que se declarara no ajustada a derecho la decisión de la demandada de dejar de aplicar la revalorización del IPC a las nóminas a partir del mes de marzo de 2013, solicitando todos los aspectos que han sido atendidos por el juez de lo Social.

El letrado ha destacado en declaraciones a Europa Press que se trata del único abogado que "ha solicitado amparo judicial de forma individual ajeno al conflicto colectivo y el primero que ha solicitado la ejecución forzosa de la sentencia, lo que puede suponer un precedente para el resto de prejubilados afectados".

Así, ha solicitado la ejecución de la sentencia —1.535,90 euros como principal más 239,66 euros en concepto de costas e intereses provisionales—, que se requiera a la parte ejecutada para que haga la manifestación de bienes o derechos para la ejecución, que se practique por el secretario judicial una investigación patrimonial a través del punto neutro judicial, y que se proceda, en caso de incumplimiento, al embargo y a la imposición de los apremios pecuniarios y las multas coercitivas que procedan.

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