La central nacionalista CIG ha calificado de "positiva, aunque simbólica", la condena a los exdirectivos de Novacaixagalicia por las prejubilaciones millonarias.

Al respecto, a través de un comunicado, lamenta que "los directivos puede que no lleguen a entrar en prisión, la devolución de las indemnizaciones percibidas será parcial, deja fuera a la cúpula de Caixa Galicia y no resiste comparación con otras condenas".

Recuerda que en octubre de 2011, cuando se hicieron públicas las indemnizaciones multimillonarias, se produjo "una gran alarma social", pero que "solo la CIG presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para poner en marcha los mecanismos de la Justicia".

En noviembre, prosigue en la nota, la Fiscalía General dio traslado a Anticorrupción, y empezó una investigación que terminó ahora con la sentencia de la Audiencia Nacional.

Además, la central subraya que, al mismo tiempo que se dirigió a Fiscalía, también lo hizo al Banco de España, "para que iniciase un procedimiento sancionador obligando a la devolución, sin que ese organismo defensor recurrente de los recortes sociales y laborales tomase ningún tipo de medida".

"responsabilidades políticas"

Más allá del proceso judicial, para la CIG la sentencia evidencia "claras responsabilidades políticas", entre las que señala a la Xunta, a la que atribuye "pasividad", pese a que existía "pronunciamiento unánime del Parlamento para instar a la devolución".

Al respecto, al tiempo que aprovecha para acusar a los populares de "bloqueo" de la comisión de investigación de las cajas en la Cámara autonómica, denuncia el contexto político en que se produjo la fusión de las cajas de ahorro gallegas y habla de "un acuerdo entre el PP y el PSOE a instancias del actual alcalde de Vigo, Abel Caballero".

"La continuidad de la cúpula ahora condenada fue condición para que ambos partidos apoyasen el proceso de fusión", censura, y llama la atención sobre que la CIG votó en contra. Y dicha continuidad fue recibida con "un sonoro 'Ha ganado Vigo", reprocha, en referencia al regidor olívico.

No obstante, reprueba que "realmente toda Galicia perdió en una operación en la que se dilapidaron casi 10.000 millones de euros públicos".

En todo caso, valora la sentencia por lo que tiene "de simbólica", particularmente para las personas afectadas por las preferentes, los desahuciados y los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en la entidad.