El vecino de la localidad cordobesa de Fuente Palmera afectado por la vaquería declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desde julio de 2009, y a la espera de su cierre definitivo o traslado a otra zona del pueblo, que se aprobó en 2012, ha presentado este jueves una denuncia en la Fiscalía contra el Ayuntamiento local y la Junta de Andalucía, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación ante sus "incumplimientos".

En este sentido, el afectado, Francisco Adame, ha pedido al Ministerio Público que "inicie los procedimientos que crea conveniente para el cierre de la vaquería ilegal", que se encuentra anexa a su vivienda desde el año 1992 y por la que ha obtenido, entre otras sentencias, la del Alto Tribunal andaluz "dando la razón para el cierre", de manera que pone esta denuncia por "la posible" comisión de delitos de prevaricación ambiental y urbanística, contra las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, además del Consistorio.

Según ha detallado, el motivo de la denuncia es "la falta de actuación" en el caso relativo al cierre, "permitiendo vertidos y posible contaminación de suelos y aguas, riesgo para la salud pública de los vecinos de Fuente Palmera", entre otros, según consta en informes que presenta.

En concreto, ha explicado que la instalación se encuentra a tres metros de su vivienda, y a menos de 200 metros del núcleo urbano, al tiempo que ha advertido de que ante "la desidia y la falta de diligencia" de las administraciones, se ha visto obligado a formalizar la denuncia, "para que Fiscalía actúe y depure responsabilidades contra funcionarios y cargos políticos, pues se evidencia, como las distintas administraciones han conocido desde el año 1992 los daños que ocasionaba dicha explotación a la ciudadanía, permitiendo incomprensiblemente los mismos", ha lamentado.

Igualmente, considera el Ayuntamiento incurre en "una nefasta e insuficiente gestión", pues, a su juicio, "debió persistir más aún a aquellas otras administraciones, ante su imposibilidad real de materializar el cierre de la explotación ganadera ilegal".

"causante de daños"

Entretanto, señala que "lo lamentable del asunto es que las administraciones denunciadas pretendan hacer ver a la ciudadanía que una vaquería que reconocen en infinidad de informes y resoluciones como causante de daños de distinta naturaleza a la sociedad, en 23 años, con los medios materiales y humanos a su alcance, no hayan sido capaces de cerrarla, cuando la misma no cuenta ni con licencia de actividad, ni con informes favorables medio ambientales, urbanísticos, sanitarios".

Por todo ello, Francisco Adame confía en que "la Fiscalía vea la evidencia de unos daños producidos por el incumplimiento legal de las obligaciones de las respectivas administraciones", y en este caso proceda a "instar el inmediato cese de la actividad y a depurar las responsabilidades contra funcionarios y cargos políticos, que en Derecho proceden".