La consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha afirmado que el Ejecutivo foral va a elaborar un código ético sobre las conductas de los altos cargos, con el fin de evitar, entre otras cosas, las denominadas 'puertas giratorias' en política.

En respuesta a una pregunta de Podemos en el pleno del Parlamento tras el fichaje de la expresidenta Yolanda Barcina como consejera de una filial de Telefónica, Beaumont ha afirmado que el acuerdo programático del Gobierno ya prevé la creación de este código ético, que debe "superar las leyes actualmente existentes y definir qué conductas se consideran inadecuadas", estableciendo también un código sancionador.

Corresponderá el desarrollo de esta iniciativa a la Oficina Anticorrupción, que se regulará por ley foral en el Parlamento, según ha dicho la consejera, que ha apuntado que "es claro el compromiso del Gobierno para que se evite definitivamente que de la ocupación pública se saque beneficio en el ámbito de lo privado".

La consejera ha recordado que actualmente se encuentra vigente la ley foral de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos, que dispone que durante los dos años siguientes al desempeño del cargo no se podrán realizar actividades privadas relacionados con expedientes sobre los que se hayan dictado resoluciones.

En relación con el caso de Yolanda Barcina, ha manifestado que "se ha dicho por algunos que tal hecho no vulnera las limitaciones a los altos cargos, pero a nadie se le escapa que el concepto de puertas giratorias va más allá de lo que limita la ley".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha advertido de que "muchas personas pasan de lo privado a lo público a defender los intereses particulares, y luego pasan de lo público a lo privado, donde se les devuelven con creces los favores prestados, en este caso con 200.000 euros anuales - lo que cobrará Yolanda Barcina como consejera-".

Por ello, Laura Pérez ha manifestado que defenderán que el código ético sea "lo más exhaustivo posible para garantizar el derecho de inserción en la vida privada sin que haya colisión de intereses que perjudiquen al interés público".