La consellera de Justícia, Montserrat Tura, decidió pasar el supuesto fraude a la Fiscalía Anticorrupción tras una declaración voluntaria de un exdirectivo que señalaba presuntas irregularidades que podían derivar en causas penales.
La sede central y cuatro dependencias de la
El registro de la sede central, en el número 77-79 de la calle Pujades, ha empezado a primera hora de esta mañana. A las 14.30, la Policía Judicial seguía registrando la oficina, en la cuarta planta del inmueble. La juez ha tomado esta determinación una vez admitida a trámite
Secreto de sumario
A petición de la propia fiscalía, ha ordenado los mencionados registros al grupo de delincuencia económica de la Brigada provincial de Policía Judicial de Barcelona.
Los agentes son los mismos agentes que acompañaron a la fiscal Carmen Martín Aragón en el viaje que ésta realizó a Perú hace cinco meses para investigar in situ las actividades de Intervida en aquel país.
El Ministerio Fiscal ha solicitado también a la juez que oficie a todas las entidades bancarias con las que ha trabajado la Fundación Intervida, para que detallen los movimientos económicos llevados a cabo por la ONG durante los últimos cinco años.
Desviación de dinero
Los destinaban a la constitución de empresas e instituciones privadas, después de que la Fiscalía General del Estado le diera el visto bueno al borrador de querella enviado para su visado hace unos quince días.
La investigación, hecha pública a principios de abril, comenzó hace cuatro años.
60 millones de dólares
Según los datos recabados, durante los ejercicios de 1999 a 2001 se pudieron haber camuflado bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento" más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como Asociación Solaris Perú, Edpyme Raiz, El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Genéricos Farma-ahorro o Enriquecidos Lácteos.
Los directivos de estas empresas son, a la vez, directivos de Intervida.
La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha nombrado a tres administradores judiciales que se encargarán de gestionar la fundación a instancias de la juez que ha ordenado intervenir el grupo y ha suspendido temporalmente a la directiva.
La consellera Montserrat Tura lanzó un mensaje tranquilizador a todos los que han colaborado con Intervida para que "no pierdan la confianza".
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