La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha cifrado en 93,5 millones de euros el coste que representa para las arcas autonómicas el aumento del 1 por ciento del sueldo de los empleados públicos en 2016; la devolución del 75 por ciento de la paga extra de Navidad de 2012 que queda por abonar — un 25% en este año y el 50% en 2016—, y el pago de la carrera profesional de 2015 y 2016.

En Comisión parlamentaria, Cladera ha dicho que esta cantidad es superior al margen de déficit que fija el Ministerio de Hacienda, del 0,3 por ciento para el próximo año, y que suponen unos 85 millones de euros. "¿Lo podemos asumir?", ha preguntado al resto de diputados durante su comparecencia.

Una parte de estos conceptos salariales de los funcionarios surgen del anuncio del ministro Cristóbal Montoro de que el sueldo de los empleados públicos aumentará un 1% en 2016, medida que es obligatoria para todas las administraciones públicas. Además, acordó con los representantes de los trabajadores la devolución del 75% de la paga extra de Navidad de 2012 que se suspendió, de la que solo se ha abonado una cuarta parte.

Según ha concretado la consellera, en la Comunidad balear existen un total de 32.500 empleados públicos, de los que aproximadamente 4.326 corresponden a los servicios generales, 11.944 pertenecen al ámbito docente y otros 16.250 forman parte del colectivo sanitario.

Cladera ha comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, a petición del Govern y del grupo parlamentario popular, para exponer la hoja de ruta que seguirá en el apartado de función pública, administración pública, emergencias e interior.

Modernizar la administración

Durante su intervención, ha explicado que uno de los objetivos de la legislatura es el impulso de la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, para lo que han comenzado a trabajar en un Plan estratégico basado en la modernización de los servicios y la profesionalización de los empleados públicos, la mejora de las condiciones laborales y la revisión de la gestión de los recursos humanos.

Para lograrlo, la titular de Administraciones Públicas ha solicitado a todos los grupos políticos su implicación y ha propuesto un "pacto para impulsar la modernización" que, en definitiva, ha dicho, es lo que reclama la ciudadanía, ha dicho.

Otra de las prioridades que se han marcado es la "restitución de los derechos perdidos durante la pasada legislatura", debido "al ataque frontal" que sufrieron los empleados públicos durante la legislatura pasada, tal y como ha opinado.

En este sentido ha remarcado que "les ha dolido mucho tener que suspender la carrera profesional", cuya razón es "únicamente por causas económicas", ha recalcado. Así, Cladera ha lamentado que "el anterior equipo de gobierno utilizara maliciosamente a los empleados públicos para obtener un rédito electoral que le resultó inútil", ha apuntado al respecto.

El catalán como requisito

Otro eje de las actuaciones de la Conselleria es la modificación de la Ley de Función Pública, con tal de que el catalán vuelva a ser un requisito de acceso a la Administración.

Precisamente desde el Pi, su portavoz, Jaume Font, ha considerado "fundamental" la modificación de los requisitos del catalán, tal y como el Govern prevé establecer.

"El catalán, como lengua propia de los ciudadanos de esta comunidad, volverá a estar en el lugar que no debería haber perdido. Volverá a ser un requisito para acceder a la Administración y para ocupar un puesto de trabajo", ha manifestado la consellera durante su comparecencia.