El sindicato UGT ha tachado este miércoles de "estancadas" las cuentas presentadas por la Junta de Castilla y León para 2016 y ha reclamado un suelo de gasto social de 6.675 millones de euros, lo que supondría 602 millones más de lo presupuestado para esta materia.

Así ha definido su secretario autonómico, Agustín Prieto, el proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC), el cual no deja "margen de maniobra" para "afrontar con garantías la recuperación económica y social que necesita la sociedad de Castilla y León".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Prieto ha subrayado el "carácter urgente" de la implantación del suelo de gasto en el que "no sirve que se destine el 80 por ciento del gasto real a Educación, Sanidad y Servicios Sociales", dado que este planteamiento "siempre toma como premisa un gasto muy limitado", lo que provocaría "que continuara la consolidación de los recortes".

Asimismo, UGT ha apostado por aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal, pues considera que "existe margen de maniobra suficiente" en la imposición directa para "profundizar en la progresividad fiscal" y combatir la "brecha social" que ocasionan los tributos indirectos "que pagan todos con independencia de su poder adquisitivo".

En este sentido, Agustín Prieto ha propuesto un incremento del tramo autonómico del IRPF para aquellas rentas que superen los 60.000 euros anuales, con la posibilidad de desdoblar este rango en otro a partir de 150.000. El líder regional de UGT ha criticado la bajada "electoral" de este tributo que "no beneficia a todas aquellas familias que por su baja renta no realizan Declaración".

También ha solicitado este sindicato la recuperación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para frenar la "enorme reducción de ingresos" que en los últimos años ha cifrado en cerca de 200 millones de euros a favor de "las rentas más altas de la Comunidad".

Tasa a grandes superficies

Por otro lado, ha reclamado la puesta en marcha de una tasa que grave la actividad de las grandes superficies comerciales por el "alto impacto ambiental que generan" y otra aplicable a las viviendas vacías en manos de entidades bancarias, pero "no en el caso de propietarios privados".

Por su parte, el secretario autonómico de Política Institucional y Territorial, Óscar Lobo, ha advertido de que la recuperación de la economía "no va a llegar a las cuentas públicas" en lo relativo al gasto social ni en la generación de empleo y crecimiento de PIB, de tal forma que dicha recuperación "continuará siendo excesivamente lenta" y "cronificará el elevado desempleo".

Asimismo, Lobo ha advertido de las "señales de preocupación" que emite el proyecto de PGC al "reconocer implícitamente" dificultades para "cumplir con los objetivos de déficit y de deuda", que impedirá que Castilla y León "pueda acogerse al Fondo de Facilidad Financiera (FFF)", de manera que "se abre la puerta a nuevos recortes en el gasto público en un futuro próximo". "Con estos presupuestos es prácticamente imposible recuperar el Estado del Bienestar", ha sentenciado Lobo.

Prieto ha ido más allá al advertir de que con las previsiones de crecimiento existentes "habría que esperar hasta 2025 para recuperar la tasa de desempleo que había en 2007". A su vez, ha criticado el "incremento exponencial" de la deuda pública, que ha pasado de 5.800 millones en 2011 a 10.400 en el presente ejercicio, lo que hace que el pago de la misma se lleve el once por ciento del Presupuesto para 2016, lo que la convierte por tercer caño consecutivo "en la tercera Consejería de la Junta" que más recibe.

El secretario regional de UGT ha lamentado también que, a pesar del crecimiento económico del 2,7 del PIB, los niveles del techo de gasto para 2016 se sitúan "muy lejos de los alcanzados en 2011", lo que hace "imposible" revertir "el deterioro de los servicios públicos esenciales", que desde el inicio de la crisis "acumulan unos recortes de 2.094 millones".

Por lo que se refiere a las políticas de empleo, Prieto ha tachado de "insuficiente" el incremento de 34 millones de euros, ya que ha advertido de que más de 13 corresponden a gastos administrativos por la reorganización de las consejerías de Economía y Empleo y Hacienda, ya que Hacienda ha asumido Economía y Empleo se mantiene en esta nueva legislatura. En cuanto a los otros 20 millones, ha recordado que son financiados por el Gobierno de España, de tal forma que la Junta "no aporta un euro más a los 90 millones de 2015".

I+D+I

En materia de I+D+i, Agustín Prieto ha criticado que el gasto previsto para 2016 "es ligeramente menor que en 2015", a lo que se suma un recorte acumulado del 30 por ciento en los últimos años en un sector "básico para salir de la crisis y configurar un nuevo modelo productivo".

En el caso de las infraestructuras, el incremento previsto para 2016 ha sido rechazado por "escaso" por parte del líder del sindicato en la Comunidad para "corregir el déficit acumulado desde que comenzó la crisis" y que desde 2011 se sitúa en 300 millones.

Por otro lado, el secretario autonómico de UGT ha indicado que faltan por presupuestar 73,8 millones de euros procedentes del FFF que deberían ir a parar a educación, sanidad y servicios sociales, tal como se acordó en la Mesa del Diálogo Social, mientras que otros 36 que sí se han incorporado "pero no se han consolidado" al no cumplir el objetivo de déficit, de modo que la Junta "tendrá que devolverlos", y que UGT reclama destinar a atención a la dependencia, Renta Garantizada de Ciudadanía y ayudas extraordinarias al alquiler o a políticas socioeducativas.

Agustín Prieto ha echado en falta en estos PGC "más recursos para vivienda" y ha tachado de "escasa" la subida salarial a los funcionarios que "no permite recuperar todas las pérdidas acumuladas". "Que dejen de marear la perdiz y devuelvan ya la paga extra de 2012".

También ha criticado la reducción en 280 millones de la partida para el sector agrario y ha mostrado sus dudas hacia la "lanzadera" de proyectos que espera que "no sea una maniobra para beneficiar a los bancos", al tiempo que ha vuelto a reclamar la creación de un Instituto Financiero Público de Castilla y León. También ha defendido la agilización del nuevo Serla que, en su opinión, permitiría ahorrar 80 millones de euros a la Justicia por la agilización de procesos.

Por último, se ha referido a las comarcas mineras, otras "grandes olvidadas" en los Presupuestos y que "corren el riesgo de despoblarse" ante la falta de alternativas.

Prieto ha anunciado que trasladarán sus reclamaciones a los distintos grupos políticos para intentar que las recojan vía enmiendas y ha reconocido que la nueva composición de las Cortes "obliga a un diálogo permanente".