La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha interpuesto la semana pasada las primeras actuaciones judiciales en los Juzgados de Santander y Torrelavega contra las marcas de automóviles implicadas en los trucajes de los motores diesel Volkswagen, a la que reclama una media de 9.000 euros por afectado y automóvil.

Igualmente solicitan la eliminación gratuita del software irregular instalado y diversas sumas económicas en concepto de rebaja de las prestaciones del automóvil, exceso de combustible ya sufrido o que se pueda dar como consecuencia de la desinstalación, averías ocasionadas y daños morales.

En un comunicado, el letrado de Unión de Consumidores, Enrique Solís, ha precisado que las reclamaciones "no son obstáculo" para que si, en el futuro, una vez eliminado el software, el automóvil no pudiese superar debidamente el control de la inspección técnica de vehículos se proceda a la devolución del importe abonado por el mismo.

Además, ha explicado que los afectados que han acudido a la asociación para tramitar su reclamación coinciden en que sus vehículos venían sufriendo problemas en válvulas o inyectores presuntamente derivados directamente de dicha instalación.

La asociación ha indicado que la alternativa de reclamación individual es "la más idónea" para el problema frente a las plataformas o demandas colectivas "actualmente muy en boga", que "alejan" al reclamante del proceso judicial al resolverse en tribunales distantes a su residencia. Además, el afectado carece de la atención personal y directa que requiere, y las reclamaciones masivas, en numerosas ocasiones, se ven entorpecidas por el numeroso grupo de intervinientes dilatándose en el tiempo innecesariamente, ha afirmado.

UCC ha precisado que, al tratarse de reclamaciones individuales y no colectivas, el tratamiento de los daños morales ocasionados al adquirente de los automóviles trucados es individual y personalizado puesto que dicho daño moral, lógicamente, se causa a la persona no a la colectividad.

Por último, la asociación ha aconsejado a los propietarios de los vehículos afectados por el fraude que, en caso de ser llamados a revisión, extremen la precaución a la hora de firmar cualquier tipo de documento, para que a través de dicha rúbrica no eximan a la marca de sus responsabilidades o limiten el ejercicio de cualquier posterior reclamación que en derecho le corresponda.