El juicio contra los tres exresponsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio, Enrique Pérez Boada y Enrique Benede, y otras siete personas por presunta prevaricación en relación con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance arrancará el próximo 29 de febrero y se extenderá hasta el 10 de marzo.

Así consta en un auto dictado por la sección quinta de la Audiencia de Valencia en el que se acuerda fijar ocho sesiones para la celebración de esta vista —29 de febrero y 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2016—, todas ellas a las 10 horas.

Junto a los tres exresponsables del IVF también se sentarán en el banquillo de los acusados el exalcalde de Jalance Ángel Abed Navarro Navarro; el expresidente del Consejo de Administración Joaquín Boil; el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L. Pedro López; el administrador de la entidad, Joaquín Miguel Boil; y otras tres personas más.

Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.

De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.

Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.

La Fiscalía solicita una pena de 18 años de prisión para el exalcalde de Jalance y reclama el sobreseimiento de la causa para los exresponsables del IVF Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio. También pide entre siete meses y 19 años de cárcel para el resto de procesados en la causa.