El Parlamento de Cantabria va a instar al Gobierno regional a que, a su vez, inste al Ejecutivo central a elaborar una ley de testamento vital y muerte digna para reconocer el derecho a la libre disposición de la propia vida y de la dignidad en el proceso de morir.

Una vez esté aprobada la norma estatal, la Comunidad deberá desarrollar una autonómica de muerte sin sufrimiento, tal y como ha aprobado este lunes el Pleno del Parlamento, al apoyar, con los votos PSOE, PRC y Podemos, una proposición no de ley de este último partido, a la que se ha incorporado una enmienda socialista que insta a elaborar las citadas leyes, la nacional y la regional.

Por lo demás, la iniciativa promovida por la formación morada -y que han rechazado los 'populares', en tanto que Ciudadanos se ha abstenido- ordena al Gobierno regional PRC-PSOE y a la Consejería de Sanidad a promover el testamento vital, ya regulado en Cantabria, pero que es un derecho "en gran medida desconocido", según Podemos.

También se insta al Ejecutivo y al departamento que dirige María Luisa Real a potenciar los cuidados paliativos para garantizar una atención de "calidad científica, técnica y humana respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona".

Además, se solicita a Sanidad que ponga en marcha un programa de cuidados paliativos en la infancia y adolescencia, del que carece ahora el Servicio Cántabro de Salud (SCS), y a que junto con el Gobierno autonómico garantice el pleno cumplimiento de la ley de 2002 que regula la autonomía del paciente, "para que nadie sea sometido a tratamientos médicos contra su voluntad ni a prácticas innecesarias o degradantes, respetando siempre la voluntad de las personas en su derecho a morir dignamente" y que no vuelvan a producirse situaciones "tan dramáticas" como la sucedida recientemente en un hospital público de Galicia.

Y junto a un programa de formación continuada de los profesionales, de los equipos de cuidados paliativos y de los comités de ética del SCS, la resolución aprobada insta al Gobierno de Cantabria a que inste a su vez al Estado a la reforma del artículo 143.4 del Código Penal para que "quede exento de pena quien mediante actos necesarios o de cooperación activa facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables".

La proposición no de ley ha sido defendida por la diputada de Podemos Verónica Ordóñez, quien ha defendido que "el derecho a una vida digna incluye el derecho a una buena muerte", de modo que cuando ésta es "inevitable", la medicina debe asistir al afectado con "todos" los recursos disponibles, incluida la "sedación terminal". También ha indicado que el testamento vital es "la única herramienta" en Cantabria para "garantizar una muerte digna".

La parlamentaria socialista Silvia Abascal ha coincidido en que "una vida digna requiere de una muerte digna", por lo que ha expresado el respeto a la libertad de las voluntades personales ante una enfermedad y para que "no se prolongue la vida por medios artificiales".

El portavoz del Grupo Regionalista, Pedro Hernando, ha defendido que sea "siempre" la libertad la que prime sobre los demás derechos que entren en conflicto en estas situaciones, y no se "obligue a nadie a continuar viviendo".

María José Sáenz de Buruaga ha intervenido en representación del PP, que también había presentado una enmienda a la proposición para potenciar el programa de cuidados paliativos pediátricos y que se apruebe un proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales. Pero la exconsejera de Sanidad ha señalado que su grupo no quiere "ir más allá" de estos extremos.

Finalmente, el portavoz y diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha explicado que su grupo se ha abstenido porque no se ha eliminado del texto de la proposición y la enmienda "toda referencia a la eutanasia", pues consideran que no "es el momento" de abrir un debate en torno a esta cuestión. Creen también que el tema planteado en el Pleno requiere una reflexión "más profunda" que un "debate de media hora".

Pacto por la sanidad

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos de PRC, PSOE y Podemos, una moción del PP para instar al Gobierno regional a cumplir y desarrollar los compromisos del Pacto Profesional por la Sanidad pública, suscrito en enero de este año, y a consignar en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2016 la dotación necesaria para hacer efectivas distintas medidas, como el abono del importe correspondiente al grado II de carrera y desarrollo profesional, cumplir el acuerdo de adecuación retributiva del personal del SUAP y 061, reconocer la compensación pactada por continuidad de cuidados a los profesionales de enfermería, y ampliar las sustituciones y fomento de la contratación de larga duración en Atención Primaria.

La iniciativa ha sido defendida por la portavoz 'popular' en la materia y exconsejera del ramo, María José Sáenz de Buruaga, quien ha considerado "osado" tratar de negar la existencia del acuerdo -como a su juicio hizo el pasado lunes su sucesora en el cargo-.

La diputada del PP también ve "inútil" intentar negar la validez jurídica del acuerdo, y ha tachado de "insultante" calificar el pacto de "mera escenificación electoral", como dijo la consejera, toda vez que se firmó en enero de este año, cuatro meses antes de los comicios autonómicos y municipales. Por eso cree Sáenz de Buruaga que al negar el pacto y su validez se está "dilapidando" un acuerdo de "valor extraordinario" desde el punto de vista económico, político y social.

A su juicio, el "único problema" del pacto es que "no lo alcanzaron" ni "firmaron" los partidos que ahora están o apoyan al Gobierno, "razón -ha dicho- más que suficiente para echarlo por tierra". "Todos cabemos en el pacto. Todos somos necesarios", ha reivindicado la 'popular', antes de pronosticar que los partidos que sustentan al Ejecutivo "acabarán copiando el pacto para decir que era suyo". Extremo que no "importa" al PP, que se dará por "reconfortado" si se logran "mejorar" las condiciones de los trabajadores sanitarios. Así, las "medallas", "vanidad" y "sectarismo" se lo dejan "a otros", ha apostillado.

Desde Ciudadanos, Rubén Gómez ha dicho que "lo importante" no es si el pacto existe o si está firmado, sino que los profesionales sanitarios estén de acuerdo con su contenido, de ahí que el partido naranja haya apoyado la iniciativa del PP. No obstante, ha pedido "más coherencia" a los 'populares' y que no urjan al actual Gobierno acciones que ellos no llevaron a cabo en cuatro años al frente del Ejecutivo.

Verónica Ordóñez, portavoz de Podemos, ha censurado que el PP pretenda "obligar" a PRC y PSOE a cumplir políticas en el ámbito de la sanidad pública que los 'populares' "destrozaron" durante su gestión. "Hay que tenerlos bien plantados", ha expresado la diputada de la formación morada, que ha espetado a PP que "ya basta de jugar con el derecho a la salud".

El PSOE, a través de su parlamentario Víctor Casal, ha censurado la decisión "unilateral" adoptada por "una consejera" y "a cuatro meses de las elecciones" en vez de una mesa sectorial. En este sentido, cree que la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios o la recuperación de sus derechos debe hacerse de forma negociada con sus representantes legales.

Finalmente, Rosa Valdés, del PRC, ha criticado que el PP trate de "imponer" el cumplimiento del pacto cuando, ha dicho, este partido "ha quebrado las bases del sistema sanitario". También ha lamentado el "daño" causado por los 'populares' con sus políticas, por lo que ha rechazado su "hipocresía política".

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