La Fiscalía pide penas de entre 13 y 10 años de prisión y multas de 18.000 euros para tres hombres, dos de ellos familiares, acusados de vender droga a través de una organización delictiva implantada en la capital cordobesa. El juicio se prevé celebrar el próximo jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el año 2010 uno de los procesados supuestamente dirigía el grupo criminal que tenía por finalidad distribuir sustancias estupefacientes de forma permanente a numerosos consumidores, asumiendo "el mando y control de las transacciones", para lo cual impartía las instrucciones precisas a los otros dos acusados.

En concreto, otro de los procesados, el sobrino del jefe de la organización, recibía la sustancia psicotrópica y la vendía a terceras personas; mientras que el tercer acusado era el encargado de trasladarse para adquirir la sustancia estupefaciente, comprobando previamente su calidad, bajo la atenta supervisión del jefe, según el fiscal.

Para ello, presuntamente se desplazaba al domicilio de éste último, al tiempo que realizaba labores comerciales con la droga, ya que también "la distribuía una vez adquirida conforme a lo ordenado por el cabecilla del colectivo".

De este modo, y fruto de una intensa investigación policial, sobre las 12,00 horas del día 25 de septiembre de 2010, el tercero de los procesados fue detenido en la estación de Renfe de Córdoba cuando llevaba en sus genitales una bolsa de una sustancia, que una vez debidamente pesada y analizada, resultó ser 102 gramos de cocaína, con un valor aproximado en el mercado no inferior a 6.000 euros.

Al respecto, el Ministerio Público detalla que toda la sustancia intervenida pensaba ser destinada por los tres acusados para "la donación o venta a terceros".

En este sentido, el encargado del grupo permaneció en situación de prisión provisional del 27 de septiembre al 28 de diciembre de 2010, misma situación en la que estuvo el tercer acusado desde el 27 de septiembre de 2010 al 7 de febrero de 2011.

Para el fiscal, los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la salud pública con pertenencia a organización delictiva, y pide 13 años de cárcel y 18.000 euros de multa para el presunto jefe, y sendas penas de 10 años de prisión y multas de 18.000 euros para los otros dos acusados.

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