El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, la revisión de la legislación sectorial canaria para evitar duplicidades en las administraciones públicas en el archipiélago, iniciando así el proceso para determinar y detectar dichas duplicidades.

Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que apuntó que se inicia este proceso de revisión después de que a finales de la anterior legislatura se aprobaron las leyes de Municipios de Canarias y la de Cabildos Insulares en las que se "estableció el marco competencial tanto de municipios como de cabildos".

En estas leyes, recordó, se delimitaba las competencias que podían ser desempeñadas tanto por los municipios como por los cabildos "en los términos que se determinen por la legislación sectorial de Canarias". Ahora, añadió, en base a lo establecido en la Ley de Cabildos, el Gobierno de Canarias "inicia los pasos" para realizar un análisis en el que "determinar y detectar las duplicidades".

El objetivo temporal marcado para detectar estas duplicidades en las administraciones canarias, indicó que es de dos años a partir de la aprobación de la Ley de Cabildos, que fue en junio de 2015, por lo que el plazo se extenderá hasta junio de 2017.

Este es el plazo, reiteró, para "sentar las bases de detectar y corregir las duplicidades administrativas y llevar a cabo un nuevo proceso de descentralización de competencias" para ir hacia administraciones públicas "más cercanas" a la ciudadanía.

Así, la primera fase en busca de estos objetivos, explicó, es el análisis que "cada departamento" debe realizar respecto a cuál debería ser el marco competencial "adecuado en las administraciones públicas canarias" y para lo que el Gobierno regional se ha marcado un plazo de siete meses con el objetivo de poder elaborar un primer informe al respecto.

En concreto, se debe determinar cuál deben ser las competencias que desempeñan, las duplicidades administrativas detectadas entre las tres administraciones —Gobierno regional, cabildo y ayuntamiento— y elevar un informe que deberá canalizarse a través de la Secretaría General de Presidencia y las respectivas secretarías para ser elevado a la primera.

Posteriormente, se elaborará un documento que se llevará a Consejo de Gobierno para que, una vez aprobado, se "de audiencia" a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y a la de Cabildos (FECAI) con el fin de que se alcance un informe final que tendrá que ser aprobado por el Gobierno regional y del que se informará al Parlamento autonómico.

Agregó que en dicho informe final se deberán establecer las "prioridades" en las que avanzar para evitar las duplicidades que puedan darse en las administraciones públicas de Canarias para abordarlas en los próximos años.

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