José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de la base, ha informado a Europa Press de que tanto los afectados como UGT han decidido recurrir la sentencia al Supremo y estudian actualmente si elaborar un único recurso colectivo o promover recursos individuales. Los afectados, además, pedirán reuniones con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y con los grupos del Parlamento de Andalucía.

Hablamos de la causa que residía en la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz, por la impugnación del tercer expediente de regulación de empleo acometido por la sociedad estadounidense que gestionaba hasta marzo de este año los servicios civiles de la base aérea de Morón, cuyo uso comparten España y Estados Unidos.

Los 55 trabajadores despedidos en septiembre de 2014 mediante este ERE recurrieron el procedimiento reclamando la nulidad de sus despidos, sobre todo a cuenta de la creciente actividad militar de esta base de uso conjunto.

El incremento de la actividad militar en la base es tal, que España y Estados Unidos han firmado una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pase de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acoge actualmente mediante prórrogas anuales, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves. Además, la enmienda aumenta hasta los 800 efectivos y 14 aeronaves el límite para despliegues temporales, de modo que la base sevillana podrá acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales.

La demanda de los afectados, así, se dirigía contra VBR, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe), el Gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa de España y Vectrus, actual adjudicataria del contrato de mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera.

Estados unidos se declara inmune

Estados Unidos, de su lado, alegaba que la documentación no le fue notificada "conforme al derecho internacional", es decir "mediante cauces diplomáticos" y con un plazo de 60 días antes de la comparecencia. Pero además, la Embajada de Estados Unidos en España exponía en un escrito recogido por Europa Press que merced al convenio firmado entre Estados Unidos y España en materia de Defensa, "el Gobierno de Estados Unidos, sus fuerzas armadas, sus organizaciones, unidades, agencias o dependencias no están sujetos a los procedimientos ante los tribunales españoles promovidos por los empleados de contratistas o de concesionarios que efectúan trabajos en España para las fuerzas de Estados Unidos". De hecho, EEUU no asistió al juicio celebrado el pasado 24 de septiembre para resolver la impugnación de este ERE.

Pues bien, a través de una sentencia emitida el 7 de octubre y recogida por Europa Press, la sala de lo Social del TSJA admite que en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos".

Por tanto, y después de que Estados Unidos invocase además el convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados internacionales, "procede declarar la inmunidad de jurisdicción del Gobierno de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas respecto a la presente demanda, que está resolviendo sobre la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos", según el TSJA.

El tsja avala el ere

Acerca de las causas productivas alegadas por la empresa a la hora de acometer los despidos, señala la sentencia que en julio de 2014, el Gobierno de Estados Unidos, merced al contrato adjudicado a VBR para los servicios civiles de la base aérea de Morón, comunicó a dicha empresa "su decisión de reducir los servicios requeridos por el contrato", prescindiendo de los servicios de operaciones con vehículos, servicios de terminal aérea o de gestión de combustibles, porque pasarían a ser prestados "por personal militar americano".

Ante la falta de justificación de causas productivas que denunciaban los despedidos, el TSJA expone que "la jurisprudencia viene admitiendo que la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratado y en el ámbito que se manifiesta, una causa organizativa". "Las causas productivas invocadas resultaron acreditadas", concluye.

Así, la sentencia desestima el recurso colectivo de los trabajadores despedidos, declara "ajustado a derecho" este ERE, absuelve a los demandados y no entra siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas contra Estados Unidos y la Usafe dada su "inmunidad de jurisdicción". El fallo, no obstante, es susceptible de recurso de casación.

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