El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha lanzado este domingo la campaña 'Disciminació off, privilegis tampoc...' con motivo de la presentación de la nueva Proposición de Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia presentada el pasado viernes día 11 de septiembre en el Parlament.

La campaña consiste en informar a los ciudadanos de las Baleares del contenido de dicha proposición de ley. Además IPFB entregará a los 59 diputados del Parlament un estudio-informe que ha elaborado sobre dicha proposición de ley y se reunirá con los grupos parlamentarios.

Con esto, IPFB quiere exponer sus razones fundamentales para oponerse "a una ley que privilegia a un grupo de personas en razón únicamente de cómo viven su sexualidad", algo que consideran "grave, y singularmente histórico, en el sentido de que nunca una determinada interpretación de la satisfacción sexual ha tenido reconocimiento institucional como se pretende ahora".

IPFB critica que se dedique la protección "a un solo grupo muy específico, a pesar de que es precisamente este, el LGTBI, el que ya cuenta con una amplia legislación protectora e importantes apoyos institucionales, sobre todo económicos, por parte de todos los niveles de las administraciones".

Además, IPFB ha recordado que el respeto surge de "la dignidad inherente al ser humano" por lo que "no se protege por si se es homosexual, o musulmán o lo que sea, sino porque se es un ser humano".

"La ley pervierte este enfoque y circunscribe la cuestión no a tal respeto sino a la práctica homosexual ,bisexual y transexual", ha dicho la entidad.

"Debemos respetar a cualquiera por ser una persona igual a nosotros, pero no porque valoremos de manera especial su orientación sexual o su religión y los poderes públicos y la escuela se comprometan a difundirla", ha añadido.

Finalmente, ha denunciado "la inversión de la carga de la prueba, un mecanismo perverso mediante el cual quien denuncia no ha de aportar ni demostrar nada sino que es el denunciado quien debe demostrar su inocencia", algo que puede provocar, a juicio del IPFB, un "alud de problemas" porque "este enfoque se convierte en una poderosa arma de chantaje".

Además, ha advertido de que "esto puede tener un efecto boomerang: que las empresas se lo piensen dos veces antes de contratar a una persona de aquellas características por el lío en que pueden meterse".

Asimismo, IPFB ha subrayado que "es necesario recordar que la homofobia, cuando es judicialmente probada, y por consiguiente con garantías de presunción de inocencia por parte del acusado está ya sancionada penalmente en España".

Por otro lado, la entidad cree que esta ley "atenta contra el derecho de los padres, y de los centros educativos con ideario, a la educación moral y religiosa de sus hijos, porque la ley obliga a considerar la homosexualidad y la bisexualidad, y en esta premisa han de estar educados nuestros hijos".

"No es una ley para evitar situaciones de injusticia contra los homosexuales, algo que queremos creer que nadie desea, sino para, imponer la ideología de género y la promoción de la homosexualidad al conjunto de la sociedad y con toda la fuerza del Estado, atropellando libertades, derechos y garantías jurídicas. No es una ley para evitar que los homosexuales sean discriminados, sino para otorgarles unos privilegios inconcebibles si de otros colectivos estuviéramos hablando y que suponen la institucionalización de una injusticia que tendrá graves y muy nocivas consecuencias en todos los ámbitos de la vida social", ha concluido IPFB.