La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 2.142.722,15 euros que impuso en 2013 la juez Mercedes Alaya al exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz dentro del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta.

En un auto fechado el 5 de octubre, consultado por Europa Press, la Sección Séptima rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Ramón Díaz contra la resolución del 17 de octubre de 2013 en la que la magistrada Mercedes Alaya, ahora apartada del caso ERE, le impuso dicha fianza civil.

En su recurso, el abogado de Ramón Díaz señalaba que la imposición de la referida fianza civil "quiebra el principio de igualdad entre coimputados, en referencia a la exasesora de Empleo María José Rofa y a Antonio Diz-Lois, los cuales tenían "responsabilidades superiores" a las de su cliente y, sin embargo, "a ninguno de ellos le han sido impuestas" fianzas civiles.

"Las responsabilidades se establecen en cada caso de forma individualizada en función de las particularidades que puedan presentar y de los indicios que puedan existir, sin que quepa la adopción de manera indiscriminada de medidas de ninguna naturaleza", asevera la Audiencia, que agrega que el ejemplo de Rofa "no es válido", ya que el 24 de febrero de 2014 se le impuso una fianza civil de 2.053.716,44 euros.

Además, y en contra de lo alegado por la defensa, "la posición de Ramón Díaz dentro" de la Dirección General de Trabajo "no es la un subordinado de Rofa, tal y como puede comprobarse con la mera lectura de los correos electrónicos que aparecen unidos a las actuaciones, que más que indicar que hubiese relación jerárquica entre ellos, indica colaboración en tareas, incluso sustitución de uno por otro en ausencias".

Asimismo, las declaraciones del personal adscrito a dicha Dirección General que se recogen en uno de los atestados "indican que Díaz, como asesor que era, contaba con la confianza de los directores generales con los que coincidió, y ante los que respondía", de manera que "hacía labores de intermediación en empresas en crisis y era interlocutor directo con sindicatos".

'INTRUSOS'

"Plantear desconocimiento, o ser ajeno a las manifiestas irregularidades que existían en la tramitación de las ayudas tras su permanencia durante casi cuatro años, en el nivel de influencia en que se movía, no resulta, en principio, aceptable", subraya la Sala, que dice, respecto a su posible intervención en la inclusión de 'intrusos' en alguno de los ERE, que "existe algo más que las meras manifestaciones puestas en entredicho de Rofa que lo avalan".

Así, alude a declaraciones que "abonan su participación directa en ello", por lo que, "sin perjuicio de lo que el devenir de la causa pueda deparar, la medida que se adoptó resultaba ajustada a las circunstancias del supuesto, era conveniente teniendo en cuenta la dimensión y la marcha del mismo, y ha de ser confirmada".

Ramón Díaz compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya y se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la magistrada le imputara tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Tras ello, se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le impusiera una fianza civil de dos millones. Pues bien, la juez Alaya dictó un auto en el que cuantifica en 457.041,61 euros el coste para la Junta de Andalucía por la inclusión de cinco 'intrusos' en Calderinox, Saldauto y A-Novo.

Sat virgen del espino

A todo ello suma la juez la cantidad de 450.000 euros por la subvención sociolaboral a la SAT Virgen del Espino, en la cual "participaría activamente" el imputado, quien "sabía que no era para una empresa de ocho trabajadores, pues tan sólo tenía dos y en realidad era pago de parte de las ayudas comprometidas".

La juez suma a todas estas cantidades otros 700.000 euros "por su contribución personal" a la negociación de los expedientes, "conociendo como sabía cómo y con qué deficiencias se tramitaban las subvenciones sociolaborales en los expedientes en que intervino, que fueron muchos", como Primayor, Saldauto, Calderinox, Faja Pirítica, Pickman o Nerva Croissant.

El imputado "conocía que alguna de estas entidades carecían de actividad y de trabajadores", como SAT Virgen del Espino, mientras que también "era consciente, según reconoció a la Guardia Civil, que nadie controlaba el destino dado a las ayudas, lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas, en la que el inculpado tendría por lo expuesto cierta participación".