La asociación Ecologistas en Acción ha criticado que el 1 de octubre entró en vigor una modificación de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que "complica gravemente" y hace "casi imposible" la ejecución de sentencias de demolición de construcciones ilegales.

El cambio legal, que fue promovido por el PSOE en el Senado, "exige tantas condiciones para llevar a efecto la demolición de lo construido ilegalmente que en la práctica se convierte en casi imposible", subraya Ecologistas en una nota.

El colectivo ha recordado que las licencias urbanísticas se pueden recurrir ante los juzgados o tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, "pero el trámite es largo y caro, y una sentencia firme puede tardar un mínimo de cinco años". Mientras tanto, las obras pueden realizarse y el inmueble ponerse en uso o venderse.

"Si a pesar de estos obstáculos alguien se anima a recurrir una ilegalidad urbanística y logra una sentencia firme que declare la ilegalidad de lo autorizado, debe enfrentarse a la ejecución de sentencia y presentar un incidente de ejecución. Se trata de un proceso tan largo o más que el recurso, agravado por el hecho de que las administraciones suelen modificar el planeamiento urbanístico o, incluso, aprobar normas a medida para legalizar lo declarado ilegal: en Andalucía los casos son infinitos", remarcan.

La asociación conservacionista ha expuesto que la nueva redacción del artículo 108 "convierte en misión casi imposible las demoliciones de construcciones ilegales". "A partir de ahora, no será suficiente que la sentencia declare la ilegalidad de un inmueble construido, sino que además tendrá que ordenar motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada: de no ser así, no se legitimará la demolición", agregan.

"Es decir, para derribar un inmueble ilegal con orden de demolición, previamente será necesario asegurar la indemnización de terceros. Si no se logran las garantías suficientes, no se procederá al derribo. De esta forma se establece la obligación de fianza para salvar un derecho privado de terceros (supuestos propietarios de buena fe), a cambio de sacrificar el interés y derecho de todos, pues el urbanismo es una función pública, donde si algo es ilegal es porque perjudica al interés de todos", ha subrayado Ecologistas.