La defensa de Vendex, empresa matriz de la supuesta trama que investiga la 'Operación Pokémon', ha registrado un escrito en el que pide la abstención o, si ésta no se produce, la recusación de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que lleva la causa, al considerar que cometió una "actuación irregular continuada" durante la instrucción.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Vendex apunta que la "actuación irregular continuada" de la instructora revela que "no se encuentra libre de todo prejuicio o predisposición respecto del resultado del proceso". Añade que su actuación ha provocado también "una percepción generalizada" entre las partes y la sociedad de "falta de neutralidad.

En los fundamentos jurídicos, la empresa defiende su legitimación para instar a la abstención y recusación de De Lara, así como "la oportunidad" de formular esta petición en base a la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre "la exigencia de actuar en las vías adecuadas" para "evitar las injerencias abusivas" de los instructores en las garantías fundamentales".

En tercer lugar, atribuye a la magistrada una "contumaz infracción de las normas de reparto" que "deja entrever su empeño personal" en "hacer suyo el asunto". De hecho, sugiere que esta actitud tendría que determinar "la nulidad radical de todas las actuaciones procesales posteriores a dicha infracción".

Vendex también ve "claro" que De Lara se ha "extralimitado" en sus funciones cometiendo "irregularidades" que suponen una "injerencia abusiva en las garantías de los justiciables", salvaguarda del "derecho fundamental a la imparcialidad judicial".

Por ello, a su entender, solo cabe el "voluntario apartamiento" de la instructora mediante la abstención o que intervenga la Audiencia Provincial "ordenando su recusación".

"sistema inquisitorial"

Como motivos por los que sospecha de la "falta de imparcialidad" de la magistrada señala que ésta ha mostrado "un interés particular en asumir la competencia de esta causa eludiendo las normas de reparto", y también la vincula con "actitudes y formas de investigación propias del sistema inquisitorial".

Así, recuerda que ordenó "una prospección indiscriminada del comportamiento de las personas jurídicas que considera integradas" en el Grupo Vendex "sin respetar las consecuencias que derivan de la atribución legal de personalidad jurídica separada a cada una de las sociedades mercantiles investigadas".

También esgrime que ha dirigido la instrucción "partiendo de prejuicios o ideas preconcebidas que han determinado que la investigación se extienda a conductas penalmente atípicas".

Vigilancia aduanera

Igualmente, agrega que "sobre la base de una interpretación incorrecta y abusiva" de los criterios relativos a la "conexidad entre delitos", De Lara encomendó "todas las tareas" de investigación criminal correspondientes a esta causa a funcionarios de Vigilancia Aduanera, en contra de las funciones que —sostiene— le son propias.

La prórroga mes a mes del secreto de sumario "durante más de cuatro años" también es un motivo que justifica apartar a De Lara del caso para la defensa de Vendex, ya que ve que extendió "de manera exorbitante" una medida de restricción de "derechos fundamentales" de los investigados.

Añade que advertida "en múltiples ocasiones" de la "ilegalidad de su comportamiento" mediante recursos, aún no ha dado "respuesta" a los mismos.

Así las cosas, concluye que la jueza ha actuado en este procedimiento "con parámetros alejados de los exigidos por la garantía del Constitucional de la imparcialidad judicial" en vista de sus "extralimitaciones" e "irregularidades" por lo que pide su abstención o, si esta no se produce, su recusación.

Petición de nulidad de besteiro

No es la primera vez que un investigado por la jueza de Lugo busca apartar a la jueza o bien anular sus actuaciones. Por ejemplo, en el marco del caso de O Garañón en el que está imputado, la defensa del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, presentó un incidente de nulidad en el que alegaba "indefensión" y reivindicaba la "nulidad" de las actuaciones realizadas contra él.

Dentro de la Operación Pokémon, la magistrada fue apartada en 2013 de la parte de la causa ligada al empresario Miguel García-Gesto —que protagonizó un incidente con la jueza que lo investigaba, motivo por el que fue a la cárcel (salió a las dos semanas)—.