El alcalde de Marbella (Málaga), José Bernal (PSOE), ha criticado que el anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la localidad "dejó que prescribieran multas urbanísticas por valor de nueve millones de euros entre 2009 y 2011".

Los impagos, ya prescritos, se produjeron después de que el Ejecutivo local del PP "dejara sin firmar, sin motivo aparente, los decretos que sancionaban procedimientos urbanísticos irregulares", según Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez.

Así, el regidor ha explicado que los decretos que no se rubricaron fueron elaborados por los instructores de procedimientos, "acompañados por las correspondientes propuestas de resolución y se elevaron a los responsables políticos para que los firmaran, pero se devolvieron sin sancionar".

"La no firma de los decretos ha privado al Ayuntamiento de más de nueve millones en detrimento de los infractores contra la ordenación urbanística al no poder detraerles las multas", ha lamentado Bernal, que no ha revelado por motivos judiciales los nombres de los beneficiarios de los impagos, pero ha indicado que "en algunos casos se repiten ciertas empresas".

El Consistorio marbellí ha detectado además que, entre 2011 y 2015, "el gobierno del PP dejó de impulsar 985 procedimientos sancionadores, de los 1.636 que se abrieron, un 60 por ciento del total".

De ellos, la mayor parte de los expedientes que no se ejecutaron se concentró en los dos últimos años del mandato. En 2015, año electoral, "el PP impulsó cinco procedimientos de 278", ha indicado Bernal.

"No sabemos los criterios que se siguieron para impulsar o no los procedimientos. Encontramos procedimientos de hace cinco años que no se inician, pero otros de pocos meses que sí. Criterio de antigüedad tampoco hay, ni por cuantía económica. Hay sanciones de baja cuantía para la que la anterior Delegación de Urbanismo fue dura y sanciones millonarias que se dejan prescribir. El único criterio era discrecional", ha explicado el alcalde.

Procedimientos prescritos

La Delegación de Urbanismo investiga cuántos procedimientos de los 985 que no se ejecutaron en el anterior mandato han prescrito, lo que elevaría la cuantía que habría dejado de ingresar el Consistorio, han indicado en la rueda de prensa.

Ante los impagos de los expedientes, el Gobierno local ha celebrado una junta extraordinaria en la que ha aprobado trasladar los hechos al ministerio fiscal y al juzgado de instrucción. La Asesoría Jurídica municipal, además, tratará de profundizar en la investigación.

"No nos podemos permitir que el municipio pierda un solo euro más por procedimientos que no se han impulsado o se han dejado prescribir", ha indicado el regidor, que ha señalado que el objetivo prioritario es determinar qué expedientes no han prescrito aún para poder cobrarlos.

De esta forma, Bernal ha asegurado que la entonces "máxima autoridad política", en referencia a la exalcaldesa 'popular' Ángeles Muñoz "tendría que conocer lo que estaba ocurriendo para dejar de percibir cantidades millonarias".

El regidor socialista también ha extendido la sospecha sobre el exconcejal de Urbanismo Pablo Moro, al que ha responsabilizado de no firmar los decretos sancionadores, y sobre el entonces responsable de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Enrique Sánchez.

"Había otras personas involucradas directamente que tenían conocimiento de que los funcionarios les trasladaban esta situación y que, parece ser, no hicieron absolutamente nada", ha concluido.