El pleno de las Corts ha aprobado, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos y en contra de PP y Ciudadanos, la proposición no de ley presentada por Compromís en la que se insta a pedir al Gobierno central iniciar el proceso de cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ceder al Ayuntamiento de Valencia los terrenos de Zapadores para transformarlo en un espacio "abierto a la ciudadanía" para iniciativas de carácter social.

La propuesta de resolución plantea la condena de las identificaciones policiales "por perfil étnico" e insta a Ayuntamientos a que prohíban de forma explícita e inmediata los controles policiales basados en este tipo de identificación, además de declarar la Comunitat "zona libre de CIES".

Entre las peticiones al Gobierno central, el PSPV ha introducido una enmienda, transaccionada por Compromís, en la que se insta a realizar una auditoría que permita revisar y evaluar "cuáles han sido las causas que han provocado que los CIE que habían sido creados como establecimientos públicos no penitenciarios y que debían haber salvaguardado los derechos y las libertades reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico se hayan convertido en la peor versión del objetivo por el que fueron creados".

Asimismo, se insta al Consell a que mientras se produce el cierre definitivo de Zapadores se constituya una comisión de seguimiento permanente sobre el centro en la que estén representadas las organizaciones y entidades que han pedido su clausura, así como la creación de un comité de expertos para realizar una propuesta sobre las políticas de asilo y migratorias en el que participen de manera activa las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

"prisión de inocentes"

En la defensa del texto, la diputada de Compromís Isaura Navarro ha calificado el CIE de Zapadores de "prisión de inocentes" gestionada "desde la opacidad" y ha lamentado que se trata de "un pequeño Guantánamo en el que tratan como delincuentes a inocentes que buscan una vida mejor". Ha denunciado que los internos se enfrentan a situaciones en las que no se les da "ninguna atención para enfermedades crónicas ni atención jurídica o de traducción", así como al "maltrato policial" o "las chinches".

Asimismo, ha señalado que en los CIE, donde "ha habido violaciones", se destina una dotación presupuestaria de 8,3 millones de euros, una cifra que , a su juicio, podría destinarse a la integración de inmigrantes.

Por su parte, la diputada del PSPV Clara Tirado ha destacado que el problema de los CIE "nunca ha estado en la letra de la ley", sino en "la gestión del instrumento" y ha asegurado que "no se puede tolerar que se hayan convertido en la peor versión del objetivo para el que fueron creados", por lo que ha solicitado la realización de la auditoría para conocer por qué se han convertido en "lo que son".

Desde Podemos, su diputado Antonio Estañ ha mostrado su apoyo a la proposición y ha asegurado no entender la existencia de estas instituciones que "lesionan una y otra vez los derechos humanos" y "criminalizan y deshumanizan al inmigrante". Además, ha censurado el "ambiente opaco" que las rodea y ha resaltado que no tiene "razón de ser dentro de la función teórica que tendría que tener" y funcionan como cárceles para gente que "lo único que ha hecho es cometer una falta administrativa".

Medidas de control

Por parte de Ciudadanos, su portavoz adjunto, Alexis Marí, ha asegurado que su grupo defiende la existencia de los CIE por los motivos por los que fueron creados, pero exige "desarrollar más exhaustivamente medidas de control de la salubridad o la transparencia", en definitiva, "que se cumpla la ley vigente". Ha resaltado, además, que las malas condiciones en Zapadores las sufren tanto los internos como los policías que allí trabajan , porque a ellos "también les pican las pulgas".

También se ha referido a las identificaciones por motivos étnicos y a las acusaciones de maltrato, que ha tildado de "gravísimas". Así, les ha instado a que si tienen conocimiento de casos acudan a la Fiscalía y lo denuncien. "Quieren eliminar el CIE, y si las condiciones (del centro) siguen así estaremos con ustedes, pero ¿qué hacemos con toda esa gente, política de puertas abiertas?", se ha preguntado.

El psoe creó los cie

Asimismo, la diputada del PP Verónica Marcos ha criticado la "descalificación" a los cuerpos y fuerzas de seguridad y ha incidido en que "en política no todo vale para defender una propuesta". Además, ha asegurado estar "convencida de que detrás de cada interno de Zapadores hay un drama humano" pero "obvian que los CIE están para dar cumplimiento a la normativa europea" y fueron creados por el PSOE.

Ha señalado que "ha habido muchísimas denuncias pero también es cierto que el 90 por ciento se han sobreseído y no hay ninguna sentencia condenatoria", ha concluido.

Prácticas de alumnos de la privada en centros públicos

Las Corts también han aprobado (con 50 votos a favor y 39 en contra -del PP y C's—) la Proposición No de Ley, propuesta por el PSPV, en la que se insta a la Generalitat a condicionar el número de alumnos de Ciencias de la Salud de universidades privadas en centros públicos sanitarios de acuerdo a la capacidad docente de los mismos, así como a priorizar las prácticas formativas de los estudiantes de las universidades públicas frente a los de las privadas, que serían "subsidiarios".

En relación a la propuesta, en la que también se solicita establecer un precio público a las universidades privadas para la realización de estas prácticas en centros sanitarios públicos, el diputado socialista Ignacio Subías, encargado de defender la proposición, ha señalado que ésta pretende "poner por encima los intereses públicos frente a los particulares", algo que, según ha dicho, "no ha hecho el PP en 20 años".

Por su parte, la parlamentaria 'popular' María José Catalá, cuyo grupo ha presentado una enmienda en la que solicitaba que la tasa para la realización de prácticas no se limite a las universidades privadas y que ha sido rechazada, ha criticado que la iniciativa establezca "que hay jóvenes prioritarios y otros subsidiarios" y la ha calificado de "atrocidad" por "condicionar la libertad de los estudiantes".